EFE.- La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó este viernes que el gobierno brasileño está considerando "fuertemente" judicializar ante la Corte Suprema la anulación del Congreso a los vetos del presidente Luiz Inácio Lula de Silva a una polémica ley que facilita los permisos ambientales para obras de infraestructura.

El Congreso, de mayoría conservadora y cercano al sector agropecuario, decidió restituir el día anterior el texto original del proyecto, criticado por ecologistas y organizaciones defensoras de la naturaleza.

"Es inconstitucional que pasemos por encima del artículo 225 de la Constitución Nacional, que dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a un ambiente saludable", argumentó la ambientalista en una entrevista al programa ''Bom Dia, Ministra'' del canal oficial del gobierno.

Sobre el texto original del informalmente llamado PL (proyecto de ley) "de la devastación", Silva comentó que "es una verdadera demolición" a la legislación medioambiental brasileña.

"Todas las tragedias evitadas no se pueden contabilizar, sólo vemos aquellas que, por desgracia, no se han podido evitar, pero a partir de ahora, con esta demolición, se multiplicarán", aseguró.

Uno de los artículos que vuelve a tener vigor crea la llamada Licencia por Adhesión y Compromiso de Proyectos de Infraestructura, según la cual, cuando se trata de obras de menor envergadura, los propios interesados determinan el impacto sobre el medioambiente, lo que los críticos de la medida han calificado de "autolicenciamiento".

Los vetos del gobierno han sido anulados sólo unos días después de la conclusión de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), que fue celebrada en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

Este miércoles, frente a la previsible revocación de los vetos, la administración actual había reiterado, en nota oficial, que las objeciones fueron decididas debido a un "preocupante escenario de desastres climáticos extremos, que ponen en riesgo a las familias, la economía y el medioambiente".

Las organizaciones ecologistas habían solicitado a la administración un "veto total", por considerar que muchos de los artículos de la ley son inconstitucionales y pudieran incentivar la deforestación en diversos ecosistemas críticos, como la Amazonía