EFE.- En una carta enviada el pasado 22 de diciembre, 10 jueces anticorrupción de Ecuador pideron al Consejo de la Judicatura que se mejoren sus condiciones laborales y de seguridad para poder ejercer sin peligro, después de que uno de sus compañeros, Carlos Serrano, denunció presiones y amenazas y renunció al quedarse sin resguardo policial.

"Nuestros cargos son fuente de peligro y cada vez que pasa el tiempo nuestra exposición pública y por ende nuestra inseguridad aumenta", alertan los magistrados en la carta, publicada este viernes en medios locales, en respuesta a analistas que elaboran informes de riesgo que dicen que con el tiempo el peligro disminuye.

Además, afirman que no tienen condiciones tecnológicas adecuadas para llevar a cabo las audiencias; que tienen gran carga de trabajo y poco personal de apoyo, y que padecen desgaste psicológico por los riesgos que corren, ya que atienden casos de delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, extorsiones y sicariato, entre otros.

Es la octava carta

Los jueces también indicaron que no es la primera vez que evidencian la precaria situación en la que ejercen y que piden mejoras, ya que han enviado otras siete cartas que, dijeron, "no se han atendido favorablemente" alegando falta de competencia o recursos económicos.

En este tiempo solo han conseguido que les asignen dos policías, pero sin logística ni financiamiento, ya que son los propios jueces los que deben cubrir los gastos del personal de seguridad.

Los magistrados no tienen vehículos blindados y deben movilizarse por sus propios medios, caminando, en autobús o en taxi, según detalló el medio Ecuavisa.

El caso de Carlos Serrano

La carta fue enviada al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien tomó una licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional (equivalente a un Parlamento), que lo convocó para que, a inicios de enero, rinda explicaciones sobre las presiones y amenazas denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Presuntamente, las amenazas y presiones estarían relacionadas con un caso de lavado de activos vinculado al narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio, que fue defendido inicialmente por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien aseguró que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024, cuando se casó con el funcionario.

El pasado 20 de noviembre, el serbio fue sentenciado a 10 años de prisión por un tribunal en el que estaba el juez Serrano. En esa audiencia, el hombre habría hecho un gesto que se interpretó como una amenaza de muerte y que habría quedado grabado, según informaron medios locales.

Serrano denunció que no contaba con seguridad policial, por lo que renunció a su cargo para salvaguardar su vida.