Un edificio en forma espiral inconcluso, que iba a ser destinado para albergar un centro comercial, es utilizado por el régimen chavista de Venezuela como una cárcel para presos políticos e incómodos al gobierno de ese país.
El Helicoide inició su construcción en la década de los 50, pero el desarrollo fue suspendido luego de que la empresa constructora quebró y el inmueble pasó a manos del gobierno en 1975 para, poco después, convirtirse en la sede de los servicios de inteligencia de Venezuela.
La estructura debió ser sede de locales comerciales para los venezolanos; sin embargo, desde 2014 organizaciones de derechos humanos denuncian que ha sido usada como un centro de detención de disidentes del gobierno chavista.
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Tras la detención del dictador Nicolás Maduro, Donald Trump anunció que los presos políticos serían liberados.
Las detenciones ilegales y torturas cometidas en el Helicoide a los presos políticos se conocieron luego de la cuestionada victoria de Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez, en 2013. Después de 12 años, su caída implicó el comienzo de la liberación de los detenidos.
En 2014, organizaciones de derechos humanos en Venezuela comenzaron a denunciar el uso del Helicoide como centro de detención. En ese entonces, al menos tres mil personas fueron encarceladas durante las protestas en contra del triunfo de Maduro sobre el opositor Henríquez Capriles.
Como si protestar fuera un delito en el régimen de Maduro, los 60 mil metros cuadrados que iban a albergar tiendas, un hotel y estacionamientos se convirtieron en la prisión de opositores acusados de "financiar protestas", como Rosmit Mantilla.
En 2019, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó las detenciones por motivos políticos e hizo un llamado al gobierno de Venezuela para poner en libertad a los presos y que se abstuviera de cometer persecución política.
El informe da cuenta de los abusos dentro de las prisiones venezolanas, incluyendo violencia sexual en contra de las presas políticas en el Helicoide. A ellas, se les negaba la asistencia médica, las visitas e, incluso, hacer uso de las áreas de esparcimiento del penal.
La libertad para los presos políticos no llegó sino hasta 2026, como gesto de "búsqueda de la paz", anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a pesar de que funcionarios estadounidenses han confirmado que la liberación de presos políticos es una exigencia al nuevo gobierno de Caracas.
Trump calificó el pasado lunes como "cámara de torturas" al Helicoide, edificio que en los 60 se exhibió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como símbolo de arquitectura futurista.
La ONG Foro Penal contabiliza que actualmente hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Pero este jueves se dieron las primeras excarcelaciones en el gobierno interno de Delcy Rodríguez.
Entre ellos, destaca Enrique Márquez, excandidato presidencial cercano a María Corina Machado y encarcelado el año pasado por presuntamente conspirar para facilitar la toma de protesta de Edmundo González como presidente, desconociendo al gobierno de Maduro.
También fue libertado el periodista y político Biagio Pilieri, simpatizante de Machado, apresado tras las elecciones de 2024.
La gran mayoría de los encarcelados son venezolanos que se atrevieron a protestar en contra del régimen chavista, sobre todo ocurridos en las manifestaciones de mediados de 2024 tras el cuestionado triunfo electoral de Maduro sobre Edmundo González.
Pero también hay extranjeros. Rocío San Miguel, española, salió del Helicoide este jueves después de dos años privada de su libertad acusada de terrorismo y traición a la patria, aunque su labor era ser defensora de los derechos humanos en Venezuela.
Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona son cuatro españoles que fueron libertados tras ser detenidos entre 2024 y 2025 por motivos políticos.
También están Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos argentinos que fueron encarcelados entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, lo que generó reclamos del gobierno de Javier Milei al considerar infundados los cargos de conspiración, terrorismo y narcotráfico que les fueron imputados.