EFE.- El presidente de Guatemala denunció este lunes que el Ministerio Público (Fiscalía) ha protegido judicialmente a algunos de los presuntos pandilleros acusados de asesinar a nueve policías el pasado domingo.
"Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala", expuso el gobernante mediante sus canales oficiales de comunicación.
Arévalo de León puntualizó que el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción desde hace tres años, acusó solamente por delitos menores a los presuntos asesinos de los policías.
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"En lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas", aseveró el mandatario.
Los policías fueron asesinados el pasado domingo en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres prisiones que habían registrado motines el sábado.
Uno de los nueve detenidos señalados por la matanza, identificado como Harol Salguero, de 19 años fue presentado este lunes ante un juez, pero fue solamente acusado por tenencia de armas y promoción de la drogadicción.
Al respecto, el Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa que "el proceso penal se encuentra en sus primeras fases" y que ello "no lo exonera" de otros cargos.
Al menos nueve presuntos hombres armados han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de por su presunta vinculación con los asesinatos, de acuerdo a la Policía Nacional Civil.
La fiscal general, Consuelo Porras, ha intentado derribar en reiteradas ocasiones por la vía judicial al gobierno de Arévalo de León, quien ganó los comicios de 2023 con un discurso anticorrupción.
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.