AP.- La justicia de Ecuador ordenó el lunes prisión preventiva para el presunto líder de una organización criminal recién extraditado de Emiratos Árabes Unidos, al que se acusa de haber movido 354 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas en la última década.
Junto al acusado, identificado como Roberto Álvarez Vera, alias “Gerente”, recibieron orden de prisión otras dos personas, entre ellas su cónyuge, y una tercera la disposición de prohibición de salida del país y la presentación semanal ante la justicia. A todos se les impuso el congelamiento e incautación de cuentas bancarias, entre otras medidas, mientras se cumple la investigación fiscal durante 30 días.
El Ministerio Público, en una publicación en su página institucional, aseguró que tras alertas de entidades de control financiero se inició una investigación de este caso a finales del 2024, cuando se detectó una presunta estructura delictiva vinculada al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos, que movió más de 354 millones de dólares.
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Álvarez Vera, identificado por las autoridades como cabecilla del gupo criminal conocido como los Comandos de la Frontera, fue encarcelado el pasado martes en una prisión de máxima seguridad del suroeste de Ecuador.
El gobierno había indicado que alias “Gerente”, ecuatoriano de 45 años, es investigado desde 2019 tras su vinculación con la captura de un sumergible que transportaba tres toneladas de droga durante un operativo de interdicción en España.
En Ecuador, varios miembros de los Comandos de la Frontera, incluido el cabecilla, han sido relacionados con delitos de crimen organizado y tráfico internacional de droga. Algunos implicados, incluidos dos familiares de Álvarez, fueron sentenciados en 2025 a 13 años de prisión.
Además, las autoridades de Ecuador vinculan a alias “Gerente” con el asesinato de 11 militares ecuatorianos durante una emboscada con explosivos el 9 de mayo en una zona denominada el “Alto Punino”, en la provincia amazónica de Orellana, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.
El ejército atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, que según las autoridades lo integran disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en los departamentos sureños colombianos de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal en asociación con grupos delincuenciales del lado ecuatoriano.