El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó el jueves en su totalidad un proyecto de ley que habría reducido la pena del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de dar un golpe de Estado y de los implicados en los ataques a la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El exlíder fue sentenciado a 27 años de prisión, sólo ha salido de la misma para someterse a la cirugía de hernia inguinal bilateral.  

Lula firmó el veto durante una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario de los ataques.

En un discurso pronunciado en la ceremonia, Lula felicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) por juzgar a los acusados de intento de golpe de Estado en el país.

"Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del STF (Supremo Tribunal Federal)", expresó el mandatario progresista.

"Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad", manifestó Lula, quien a continuación felicitó a los jueces de la Corte Suprema a cargo del proceso, cuya conducta, según él, "será recordada en la historia".

La ceremonia, que inicialmente nació como un símbolo de consenso entre los tres poderes, no contó en esta oportunidad con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que justificaron su ausencia por asuntos personales.

Tampoco estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema, quienes optaron por organizar sus actos institucionales independientes.

Con todo, el veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

El proyecto de ley vetado contiene medidas que benefician directamente a la cúpula del movimiento golpista; entre ellas impide la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe del mismo, al considerarlos tipos penales similares, aplicando la pena más grave, lo que reduce significativamente los años de condena.

Asimismo, la propuesta plantea reducir hasta en dos tercios las penas cuando los crímenes fueran practicados como parte de una "multitud", como sucedió en el asalto del 8 de enero de 2023, y permite una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.

Bajo estos criterios, Bolsonaro, altos cargos militares y antiguos ministros del gabinete conservador podrían abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque aún serían obligados a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo establecido por la Justicia.

Tres años después de los violentos actos a las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Supremo ya condenó a más de mil 399 acusados, según datos divulgados hoy por esta misma institución.

De los 31 principales actores oficiales acusados de liderar, planificar o ejecutar de alguna manera la trama golpista, 29 fueron condenados a prisión, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, señalado como el encargado de orquestar la operación, y otros aliados y miembros de su gobierno.

Los dos restantes, un general del Ejército y un delegado de la Policía Federal y exdirector de Operaciones del Ministerio de Justicia, fueron absueltos por falta de pruebas.

Las condenas se dictaron por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños graves y deterioro de patrimonio protegido.

Hasta el momento, solamente los primeros siete juzgados del denominado “núcleo 1”, al que pertenece el líder ultraderechista, cumplen condena efectiva; los demás aún están en fase de apelaciones.

Con información de Reuters y EFE