AP.- La justicia ecuatoriana dictó el martes orden de prisión para tres integrantes de un grupo criminal por su presunta participación en la planificación del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del 2023.
El juez del caso ordenó la reclusión de Wilmer "N", alias "Pipo", quien está detenido en España; Ángel "N", alias "Lobo Menor"; y Luis Alfredo "N", alias "Gordo Luis", integrantes de la banda criminal "Los Lobos", señaló la fiscalía en la red social X.
El ente judicial indicó que los tres habrían coordinado y supervisado el seguimiento y los contactos con policías a cargo de la seguridad del entonces candidato.
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El Ministerio Público aseguró, además, que un testigo protegido identificó a alias "Gordo Luis" como la persona que entregó una fuerte cantidad de dinero a una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para contratar a los presuntos criminales que efectuaron el magnicidio.
El político ecuatoriano fue acribillado el 9 de agosto de ese año al finalizar un acto proselitista en el norte de Quito.
Villavicencio investigó y publicó durante años temas sobre corrupción.
En el caso del magnicidio también están implicados presuntamente José Serrano, exministro del expresidente Rafael Correa y quien está preso en Miami y Xavier Jordán, quien reside en esa misma ciudad y está procesado en Ecuador por presunta corrupción.
La fiscalía acusó a su vez por el presunto delito de asesinato al ex asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, y a Daniel Salcedo, quien cumple una condena por cohecho. Aleaga está fuera del país y Salcedo está en prisión.
Según la fiscalía, los cuatro acusados conformaron una presunta estructura que buscó acabar con la vida de Villavicencio “por las denuncias de corrupción” que realizó y que supuestamente los involucraba.
Por el magnicidio fueron sentenciados en julio de 2024 un hombre y una mujer que recibieron una pena de casi 35 años de prisión como autores materiales. Otras siete personas de nacionalidad colombiana, acusadas de participar supuestamente en el crimen, fueron asesinadas en cárceles de Guayaquil y Quito, donde cumplían prisión preventiva.