Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena, reiteró su llamado a los legisladores, empresarios y grupos parlamentarios para aprobar la iniciativa que regula el outsourcing.
El legislador refirió que dicha figura fue aprovechada como mecanismo de simulación para la contratación en perjuicio de los derechos de los trabajadores.
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En un comunicado, Ramírez Cuéllar afirmó que la subcontratación laboral en nuestro país "ha llegado a niveles intolerables, pues actualmente alcanza a cerca de 8 millones de personas y ha perjudicado severamente la seguridad social".
Refirió que además de la falta de pagos de más de 20 mil millones de pesos de las cuotas obrero-patronales, esta práctica ha dejado sin atención y derecho a la salud a millones de familias.
El legislador destacó que "el incumplimiento con la aportación a los fondos de vivienda deja en el desamparo a un gran segmento de la población que no cuenta con acceso a un patrimonio en materia de vivienda de calidad".
El morenista refirió que el Estado deja de percibir más de 500 mil millones de pesos por todos aquellos que hacen de la subcontratación un ejercicio ilegal y abusivo.
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La situación se agudiza, destacó, por la evasión de IVA y del ISR, pues se debilita la acción del gobierno para desplegar con mayor fuerza programas de inversión en infraestructura.
"El fenómeno de la subcontratación generalmente está vinculado a la facturación falsa. Muchas han sido localizadas por el SAT como empresas fachadas dedicadas la facturación y a la acumulación de grandes fortunas al amparo de la ilegalidad", afirmó.
Incrementa el outsourcing: Inegi
De acuerdo con el Censo Económico 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los últimos años se ha incrementado el outsourcing pasando de 3 millones 578 mil 247 personas contratadas bajo esta práctica en 2014 a 4 millones 685 mil 356 en 2019.
Estas cifras representan una tasa de crecimiento media anual de 5.5%.
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Por otra parte, se calcula que en México existen alrededor de mil 200 empresas con subcontratación ilegal, cuyos trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la declaración del monto real de sus salarios.