Los alcaldes de los dos municipios cuyas policías han estado involucradas en los más recientes y sonados casos de violencia policial de México, la muerte de dos jóvenes en dos puntos distintos del país, están bajo investigación por presuntas irregularidades o movimientos financieros que podrían estar ligados al crimen organizado.

Según indicó a The Associated Press el martes, un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, las cuentas de los alcaldes de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, y Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, están congeladas bajo la operación Agave Azul, que rastrea fondos del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

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La policía local de Ixtlahuacán detuvo a Giovanni López en mayo pasado, quien murió bajo su custodia; mientras que la de Acatlán baleó la noche del 9 de junio al adolescente Alexander Martínez.

La operación Agave Azul, de la que las autoridades federales informaron a principios de junio y que se realizó en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, puso en la mira a casi 2 mil personas y empresas aparentemente ligadas a movimientos por alrededor de mil 100 millones de dólares pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México en este momento. 

Giovanni López fue detenido el 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos aparentemente por no llevar cubrebocas. Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió. 

El caso se conoció un mes después. Su familia denunció amenazas por parte del alcalde y el caso provocó protestas ciudadanas. La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a tres agentes por los hechos e intervino a la policía del municipio. También informó que el alcalde, Eduardo Cervantes, tenía otra investigación en curso, aunque no dio más datos al respecto. Días después, en un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se reveló que en la muerte Giovanni “hay elementos para acreditar una ejecución extrajudicial“.

Por otra parte, el 9 de junio Alexander Martínez, un adolescente mexicano-estadounidense de 16 años, recibió un disparo en la cabeza en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, en el limite con el estado de Veracruz, cuando el adolescente y un grupo de amigos iban en moto a comprar refrescos para celebrar un cumpleaños. Por este caso, un policía está detenido como presunto responsable del tiro frontal por el que murió Alexander.

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Vecinos de Acatlán de Pérez Figueroa han protagonizado protestas por los abusos y graves violaciones a los derechos humanos aparentemente cometidos por la policía local tanto durante el actual mandato del alcalde Adán José Maciel, como a partir de 2010 cuando estuvo en el poder por primera vez.

The Associated Press intentó contactar con ambos ayuntamientos pero no obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Los grupos del crimen organizado se han infiltrado con frecuencia en los cuerpos de seguridad mexicanos, sobre todo en las corporaciones locales, mediante sobornos o intimidaciones para poder actuar con impunidad en sus territorios.

La muerte de ambos jóvenes ocurre en medio de una serie de protestas a nivel internacional por el abuso policial que comenzó en Estados Unidos con el asesinado de George Floyd en Minneapolis.

Con información de AP