El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en un tercer intento por establecer un tope salarial para que ningún funcionario público gane más que el presidente de la República.

Esta es la tercera ocasión que la 64 Legislatura discute y aprueba la reforma, por la cual previamente, diversos funcionarios interpusieron amparos para que no se les redujeran sus sueldos.

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En noviembre de 2018, la SCJN invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones en los que se fijaba el tope salarial de los funcionarios públicos tomando como límite la percepción del presidente.

La nueva legislación, que ya ha sido enviada al Senado para su revisión, abroga la anterior con el mismo nombre y también a una enmienda que se le hizo en octubre de 2019.

La reforma prevé que los salarios de los servidores públicos se definirán mediante la figura de "remuneración anual máxima", indicada por el salario presidencial, que se calcularía a partir de una intrincada fórmula basada en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Añade además un principio de proporcionalidad, es decir que a mayor responsabilidad corresponda una mayor remuneración. Sin embargo, esta no se aplicaría de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales.

La reforma también establece como percepciones extraordinarias a premios, bonos, reconocimientos o estímulos que se otorguen de forma excepcional a funcionarios públicos, los cuales serán condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados y sujetos a evaluación.

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La reforma aprobada por los diputados también considera pagos de horas extras y otras percepciones de carácter extraordinario.

Sin embargo, los artículos transitorios de la nueva reforma detallan que estas medidas salariales no se aplicarían a ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales, consejeros de la judicatura, consejeros electorales y jueces.

Durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, el morenista Pablo Gómez afirmó que "el proyecto de esta ley es históricamente una petición del pueblo" y que la Ley de Remuneraciones es resultado de la sentencia de la SCJN.

El diputado por el PRD, Antonio Ortega, aseguró que la nueva Ley será nuevamente rechazada por la Corte, y recordó que con la anterior reforma se interpusieron 7 mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales, por representar una violación a los derechos de los servidores públicos e instituciones.