La defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que ofrecerá a un juez federal realizar el pago de 5 millones de dólares por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, causas por las que su cliente se encuentra en prisión.
En el marco del caso Agronitrogenados, el abogado de Lozoya informó que se entregarían aproximadamente 3.4 millones de dólares y para el de Odebrecht 1.6 millones.
Previo al comienzo de la audiencia de Lozoya, en las inmediaciones del Reclusorio Norte, su representante legal informó que la propuesta de reparación del daño ratifica la postura presentada en la audiencia anterior.
El monto total, que asciende a 5 millones de dólares, se cubriría con diversos inmuebles y monto en efectivo.
El exdirector de Pemex está detenido desde el 3 de noviembre en el penal, acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Si en el marco del acuerdo reparatorio del caso Agronitrogenados se llega a un acuerdo reparatorio y se extingue la acción penal; y en el marco del caso Odebrecht se garantiza con esos inmuebles la reparación del daño, el señor Lozoya Austin tendría que salir en libertad”, aseguró su abogado.
El criterio de oportunidad, explicó, sostiene que con la reparación del daño quedaría suspendido el ejercicio de la acción penal hasta que él ratifique la denuncia que presentó.
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Pidieron a Pemex “abrirles las puertas” para realizar los acuerdos de reparación, pero reconocieron que hay plena disposición para llevarlo a cabo.
La defensa de Emilio Lozoya impugnará la medida de prisión preventiva insistiendo en un acuerdo reparatorio además de su intención de ratificar su denuncia.
Ontiveros Consulting informó que manifestaron una postura de ilegitimidad por la prisión preventiva justificada que le dictaron a Lozoya Austin el 3 de noviembre.
Sus representantes legales dieron a conocer que respaldan la posición del exdirector de Pemex de ratificar su declaración ante las autoridades y continuar colaborando con las instituciones del Estado mexicano “con el objeto de evidenciar la estructura de un aparato organizado de poder que, verificado en el pasado, implementó una política de corrupción a escala nacional con impacto trasnacional“.