Organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Amnistía internacional, acusaron que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ordenó investigar a quienes levantaron la voz ante la masacre de San Fernando, perpetrada por los Zetas en 2011.
En un comunicado señalaron que la PGR, hoy Fiscalía General de la República (FGR), “desvió la investigación para beneficiar la impunidad y desproteger a las víctimas”, además “dejó de lado su deber de esclarecer los hechos”.
Entre 2015 y 2016, durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, la procuraduría “echó a andar la maquinaria de la que dispone, no para dar con los perpetradores de la masacre de 196 personas en San Fernando, Tamaulipas, sino para perseguir a las víctimas, a quien las representaba, a una perita independiente y a una periodista“, denunciaron en el escrito.
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Se indicó que autoridades mexicanas persiguieron a familiares de quienes denunciaron “irregularidades” en las investigaciones de la PGR, así como a Marcela Turati, periodista que investigó los hechos, y a Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica.
Alegaron en el documento que bajo los argumentos de una investigación por delincuencia organizada, la PGR solicitó sin autorización judicial a las compañías telefónicas acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización.
El Ministerio Público (MP) “equiparó el trabajo de Delgadillo, Turati y Doretti con la delincuencia organizada, y las colocó en una condición de riesgo y en un estado de indefensión”, denunciaron.
Así lo revelan copias del expediente que obtuvo el pasado mayo la Fundación para la Justicia tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, si bien todavía no cuentan con la totalidad del expediente.
“A 10 años de ocurrida la masacre correspondiente a las 48 fosas de San Fernando, no se cuenta con una sola persona sentenciada. Indebidamente se han cremado cuerpos, se han enviado a la fosa común a pesar de ser identificables, se han entregado a los familiares cuerpos equivocados”, reprocharon.
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Las ONG, entre las que están la Fundación para la Justicia, Amnistía Internacional o Quinto Elemento, solicitaron al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que cese toda investigación adicional” contra las víctimas y contra Delgadillo, Turati y Doretti.
Con información de EFE