Por Alina Navarrete Fernández
En la zona de La Montaña de Guerrero, las condiciones de pobreza obligan a familias completas a migrar cada año para trabajar como jornaleros en campos agrícolas de otros estados del país.
Se trata de hombres y mujeres de distintas edades que pertenecen a los pueblos originarios Nahua, Na'Savi y Me'phaa; la mayoría procedentes de los municipios de Tlapa de Comonfort, Cochoapa El Grande y Metlatónoc.
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Los principales estados receptores de migrantes guerrerenses son Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Baja California. Ahí, los jornaleros trabajan en la pisca de frutas y verduras, cubriendo una jornada de hasta 10 horas.
De acuerdo con cifras registradas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de enero a octubre de 2021, 10 mil 572 pobladores de la región migraron hacia 16 estados para buscar mejores condiciones de vida.
Algunas empresas brindan a los jornaleros cuartos libres de renta, equipados con gas estacionario y una estufa; otras también cuentan con guarderías donde se cuida a sus hijos. Sin embargo, en los campos más pequeños, que no están regulados por las autoridades, se explota a cientos de familias.
El salario de un jornalero depende de su rendimiento en el campo y, en ocasiones, se les paga entre 100 y 160 pesos al día. Los indígenas de Guerrero migran una vez al año para trabajar seis meses. Durante ese lapso, una familia logra juntar un monto que le permite volver a su comunidad por otros seis meses, en los que se alimentan con su propia siembra de maíz, frijol y calabaza. Los más afortunados cuentan con ganado, como chivos, cerdos o gallinas.
"Aquí no hay dinero", coinciden Juana Ramírez Cabrera, Patricia Villanueva Guzmán y Rocío Ramírez Domínguez. Las tres mujeres son originarias de la comunidad Nahua Ayotzinapa, que pertenece al municipio de Tlapa de Comonfort, y durante más de 20 años de su vida se han mantenido en una migración constante para trabajar como jornaleras.
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La casa de Juana en Tlapa es de adobe, madera y techo de lámina. En ella habitan 18 personas, entre su esposo, hijos, nueras y nietos. Todos ellos migran a Culiacán, donde se dedican a la recolección de verduras. Cuando regresan a la comunidad, Juana se dedica a tejer sombreros de palma para ofrecerlos por docena en 105 pesos. Es la única fuente de ingresos en su comunidad, pero las ventas son mínimas.
También a Rocío y a Patricia se les dificulta mantener a sus familias. Con sus esposos trabajan en la siembra de sus propias tierras, una parte les sirve para alimentarse y otra la ofrecen hasta en seis pesos el kilo de maíz. Sin embargo, los costos de transporte, fertilizante, químicos y mano de obra necesarios rebasan su ganancia.
Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó distintos programas sociales para combatir la pobreza e incentivar la permanencia en las escuelas, familias como las de Juana, Patricia y Rocío, nunca han obtenido ningún apoyo federal.
Ellas aseguran que los Servidores de la Nación, a cargo de los registros para los programas sociales, argumentan que "no les toca" debido a su condición de migrantes. Al no estar en sus casas todo el año, se les impide el acceso a los programas asistenciales.
Se estima que en Tlachinollan el 99 por ciento de la población indígena migrante no cuenta con apoyo gubernamental, situación que vulnera sus condiciones de vida. A esto se le suma la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), por lo que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña considera urgente que se diseñen "caminos accesibles" para los jornaleros migrantes.
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"Salimos de acá por la necesidad. Aquí dinero no hay, solamente saliendo, por eso nos vamos para allá", contó Patricia, mientras desgranaba elotes en el piso de su casa junto con su esposo, Santiago, y dos de sus cinco hijas. La familia llenó varios costales que se quedarán guardados en su casa, les servirán de alimento cuando regresen el próximo mayo.
Para Patricia, el principal problema de la comunidad es que no hay agua, tienen apenas para el uso cotidiano pero no para sus cultivos, esto limita su capacidad de cosechar para consumir y vender productos agrícolas en la región.
Rocío participa activamente en la lucha por obtener un salario mínimo de 300 pesos para los jornaleros, debido a que "para mujeres y para hombres no hay nada, todo está seco aquí (en Ayotzinapa). Es por eso que la gente ya le busca en diferentes estados para mantener a la familia".
Para ella, la única opción que tienen los indígenas es migrar. Buscar un trabajo en Tlapa, Chilpancingo e incluso la Ciudad de México no es viable, debido a que las madres y padres se verían en la necesidad de dejar sus hogares y a sus hijos: "No nos aceptan con la familia".
En Ayotzinapa hay escuelas de educación básica, pero la matrícula es pequeña. Los menores de edad viajan a los campos agrícolas con sus padres y, aunque no todos trabajan a la par, eventualmente terminan por convertirse en jornaleros.
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Cifras de Tlachinollan indican que en el periodo de enero a octubre de 2020, hubo 12 mil 9 migrantes; el 43 por ciento de ellos eran menores de edad, desde recién nacidos hasta los 17 años. El 57 por ciento de la niñez y adolescencia jornalera no cuentan con estudios o presentan un severo rezago educativo.
Este noviembre, Juana y Patricia, viajaron con sus familias y otros pobladores hasta la Casa del Jornalero ubicada en la ciudad de Tlapa, donde personal de Tlachinollan e integrantes del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña los registran, orientan y entregan despensas donadas para su viaje hacia Culiacán. Un día antes, pasaron la tarde lavando trastes, ropa y cerrando sus casas, que son cuidadas por otros familiares o vecinos.
Miguel Martínez Peralta, encargado de la Casa del Jornalero, cree que la migración aumentará en los siguientes años debido a las condiciones de pobreza.
"La verdad (los jornaleros) no migran porque quieren, es por la necesidad. El gobierno ahorita está haciendo algunas cosas, pero esta pobreza está grande, entonces ha mandado muchos apoyos pero no para combatir rápido la pobreza, al contrario, la migración aumenta", advirtió.
