El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que gracias al decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador "blindó" las megaobras de su administración, hasta el momento el Tren Maya ha podido ganar entre cuatro y seis meses de gestiones ante las autoridades para su construcción.
Así lo afirmó Jiménez Pons a medios que lo entrevistaron en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez, en Villahermosa, Tabasco, en donde se alistaba a salir rumbo a Palenque, Chiapas, para supervisar las obras del Tren Maya en la región y preparar la gira que el presidente López Obrador tiene programada iniciar el próximo viernes.
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"Con el decreto estamos ganando de cuatro a seis meses, lo que es mucho para los efectos de los compromisos de la obra", dijo el director del Fonatur, y explicó: "lo que estamos ganando son las gestiones ante ciertas autoridades federales", detallando que algunos trámites por ley se llevan de cuatro a cinco meses.
"Este acuerdo nos está ayudando fundamentalmente en trámites, y que quede claro: seguimos haciendo los trámites, lo único que ganamos es tiempo", reiteró, y aseveró: "El Tren Maya tiene que estar a fuerzas en diciembre de 2023".
Aseguró que el avance de las obras del Tren Maya supera el 30%, y si bien declaró que van en tiempo y forma, acotó que existe un retraso desde el año pasado por la pandemia de Covid-19. Como ejemplo de ellos, expuso que existen retrasos en la entrega de maquinaria especializada proveniente de Europa, derivado de la situación mundial que generó la pandemia.
Jiménez Pons dijo también que hay 25 amparos vigentes contra la obra, de los cuales explicó que hay algunos que ya no aplican, como el que se interpuso por el paso de la vía por el centro de Campeche, al modificar el trazo.
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Cabe apuntar que el martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) una suspensión provisional para que, de manera inmediata, deje de surtir efecto el acuerdo del presidente López Obrador con el que fueron clasificados como de "seguridad nacional" los proyectos y obras prioritarias del gobierno federal.
La suspensión provisional contra la reserva de información de las obras de la actual administración “surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, dice el acuerdo de la Corte.