La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, explicó que el impuesto de 2% propuesto para el año siguiente para los servicios de entrega y reparto por aplicaciones móviles no afecta a las personas usuarias, repartidoras o a los comercios.

Luego de que representantes de organizaciones patronales se manifestaran el viernes en contra de la medida, la funcionaria argumentó que se trata de un cobro a las aplicaciones de las que la mayor parte de las ganancias salen fuera del pais.

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“No es al usuario, no es los repartidores, no es a los comercios y servicios que operan en la ciudad y que requiere también de servicios de la ciudad y tampoco es un porcentaje muy alto”, dijo Sheinbaum durante la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Iztacalco.

El Código Fiscal de 2022 propone un gravamen del 2% del total de las ventas para las plataformas y aplicaciones digitales que comercien mercancías y alimentos a través de repartidores que entregan a personas físicas o morales.

Para la jefa de Gobierno se trata de cobrar un impuesto a las aplicaciones que retienen la mayor parte de sus ganancias fuera del pais y no tiene nada que ver con un gravamen a los comercios o a los servicios en la CDMX.

Esta propuesta de impuesto, dijo, se debe a que los recursos no se quedan en la CDMX, pero los servicios que prestan si demandan servicios de la ciudad.

“Ustedes han visto como ha sido el aumento de repartidores y temas que requiere un ordenamiento y requiere recursos de la propia ciudad”, justificó Sheinbaum.

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Pidió a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar; a José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública y al secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, reunirse con las organizaciones empresariales para explicarles las características de esta medida.

El viernes, un grupo de nueve asociaciones empresariales rechazaron la propuesta de cobrar un impuesto del 2% a los servicios de entrega por aplicación, como Rappi, Uber o Didi. Tendrá “un impacto negativo directo en la economía de los miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas”, aseguraron.

El documento lo firmaron la Asociación de Internet México (AIMX), Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Fintech México (FTMX), Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Confederación Patronal de la República Mexicana CDMX (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (Comce) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).