Por Tania Rosas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal de 562 millones de pesos por irregularidades en la contratación de los llamados servidores de la Nación, figura que nació en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar programas sociales y dar atención a la ciudadanía.
La ASF dio a conocer la auditoría forense número 240-DS y determinó que en 2019 se hicieron pagos injustificados, hubo falta de mecanismos de control en el registro de información presupuestal y contable, así como ausencia de documentación comprobatoria de los pagos a los servidores de la Nación que fueron contratados por honorarios o con carácter eventual.
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Entre otras irregularidades, se revela que la Secretaría de Bienestar destinó 321 millones de pesos sin contar con la documentación comprobatoria (reporte de percepciones y nóminas) y comprobantes fiscales digitales por internet que acrediten el concepto de pago a los servidores de la Nación.
Otros 30 millones 200 mil pesos se utilizaron para fines distintos de los autorizados, toda vez que la Secretaría de Bienestar transfirió los recursos a cinco unidades responsables y un programa presupuestario distinto del autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, 85 millones 201 mil 624 pesos se pagaron a 789 cuentas bancarias vinculadas a dos o más Claves Únicas de Registro de Población de los servidores de la Nación, por lo que hubo funcionarios que recibieron pagos correspondientes a otros servidores públicos.
Y 18 millones de pesos fueron entregados a 355 personas que, a su vez, estaban contratados por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez como personal de honorarios.
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Al hacer entrevistas con titulares de áreas administrativas y los servidores de la Nación, la ASF encontró que hay desconocimiento por parte de los funcionarios, pues hubo contrataciones que se hicieron sin tomar en cuenta la experiencia, ni el perfil de los aspirantes.
Entrevistados por auditores, servidores de la Nación manifestaron que no contaban con experiencia en las actividades para las que fueron contratados y no recibieron capacitación para el desempeño de sus actividades.
La ASF define a la auditoría forense como aquella que consiste en la aplicación de una metodología de fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular.