Luis Cardona / Corresponsal
Para tres activistas de derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, la ciudad con mayor índice de feminicidios en México, los recortes presupuestales del gobierno federal afectan la prevención, proceso y seguimiento de los casos de agresión, acoso y asesinato de cientos de mujeres.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reportados en la conferencia presidencial del 27 de enero pasado, la mayoría de los feminicidios que se cometen en el país se concentran en 18 municipios, y son Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, los municipios que registran el mayor número de delitos. En 2020 se contabilizaron 187 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Durante los dos primeros meses de 2021 se registraron 30.
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"Los feminicidios continúan en aumento, las agresiones igual. En los gobiernos anteriores existían apoyos presupuestales para programas de apoyo a mujeres víctimas de la violencia. Sin embargo, con este gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, las mujeres no tienen acceso, sobre todo al seguimiento de los casos", indicó la representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Yadira Cortés.
"Es muy importante darles seguimiento, porque más allá de las denuncias y procesos judiciales, la mujer violentada necesita ayuda psicosocial, refugio, sacarla de su contexto violento, y ahora eso no se puede hacer. Desaparecieron con los fideicomisos importantes, recursos destinados a ellas", añadió.
Para Lidia Cordero, de Casa Amiga, "en la búsqueda de desaparecidas y el trabajo de los gobiernos por crear un ambiente menos violento hacia la mujer, no se ha logrado erradicar el problema, y Ciudad Juárez sigue en los primeros lugares de feminicidio. Nos han acotado desde el gobierno del presidente López Obrador, y cientos de mujeres han quedado sin el apoyo que deben recibir para alcanzar mayor calidad de vida".
Dijo que "la pandemia ha dejado al descubierto el panorama desolador de las mujeres, cuyo principal riesgo de violencia se encuentra al interior de sus hogares, porque ahora pasan mayor tiempo a merced de sus agresores. Se necesita de nuevo el apoyo presupuestal para ayudarlas a salir del entorno de violencia. Los refugios sufren por la falta de presupuesto, y es claro que el gobierno federal no está dispuesto a tomar esa responsabilidad".
Elia Orrantia, directora de la asociación civil Sin Violencia, que cuenta con refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, y ganadora de la Presea Kirá 2021, reconocimiento municipal en Ciudad Juárez que se otorga a defensoras de derechos humanos, puntualizó:
"Durante los primeros dos años de gobierno de Javier Corral se tuvo un interés real por abonar esfuerzos en pro de la lucha contra la violencia a la mujer. Sin embargo todo se derrumbó y actualmente no existe participación alguna del gobierno de Chihuahua. El gobierno municipal realizó esfuerzos, pero se ve impedido por la falta de recursos para brindar una real solución a la violencia".
Orrantia expuso que en lo referente al gobierno federal, "puedo decir que estamos en la peor etapa que han vivido organizaciones civiles que tomaron en sus manos el vacío gubernamental de ayuda contra esta violencia que no termina y se acentúa. Las decisiones del gobierno federal han golpeado fuerte en la prevención, proceso y seguimiento del entorno de violencia de la mujer, pero además no toma la responsabilidad de trabajar en favor de las mujeres".