El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, criticó este martes la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; adelantó que impugnarán la reforma que obliga a la ciudadanía a otorgar sus datos biométricos.
Aseguró que con las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión los datos personales de los usuarios podrían terminar en las manos de la delincuencia.
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“Si se comete un delito con ese celular ya no se van a poder hacer a un lado, no hay presunción de inocencia, van directo contra quien está registrado y van directamente a un proceso legal”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.
Osorio Chong rechazó que la medida aprobada por 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, ayude a resolver los índices de extorsión, entre otros delitos que se realizan desde la telefonía móvil.
“Veremos que otras alternativas tenemos para evitar que esto llegue a esta consecuencia que les planteo, desde una vía legal”, indicó.
Agregó que incluso a algunos senadores de la mayoría, integrada por Morena, PVEM y el PT, les costó trabajo validar la reforma y algunos optaron por votar en contra o abstenerse para no respaldar que se entreguen los datos biométricos.
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“Hay algunos que no están convencidos porque saben lo delicado que es en este caso la información de cada persona y no se sabe para que se pueda ocupar esta información y entonces volver vulnerables a las familias mexicanas”, expuso.
De acuerdo con la reforma aprobada este martes, los datos que serán recabados por el IFT de manera obligatoria serán los siguientes:
- Nombre del titular de la línea telefónica
- Número de celular, fecha y hora de la activación de la línea.
- Nacionalidad del usuario.
- Número de identificación oficial con fotografía y Curp.
- Datos biométricos del usuario y su dirección domiciliaria.
- Los datos del concesionario de telecomunicaciones.
- Esquema de contratación de la línea, si es pospago o prepago.
Para el caso de las líneas móviles que se adquirieron con anterioridad, los concesionarios tendrán dos años para recabar sus registros.