Un juez federal determinó otorgar un amparo a particulares que promovieron el recurso para que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantenga las becas de investigadores y científicos en instituciones privadas.
El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional contra la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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El organismo encabezado por María Elena Álvarez-Buylla deberá, por orden judicial, garantizar “que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas”.
El juez concedió la suspensión “para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas”, destacó el juzgador.
El juez requirió a Conacyt entregar su informe previo sobre la modificación del reglamento con un plazo máximo hasta el 22 de junio, cuando se celebrará la audiencia incidental y poder resolver sobre la suspensión provisional solicitada.
El 3 de marzo el Conacyt aprobó la reforma al reglamento del SNI que modificó los criterios para la entrega de apoyos económicos para los especialistas.
“Elimina confusiones y fortalece al sistema de HCTI en el país”, sostuvo Álvarez-Buylla.
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La modificación fue criticada por un sector de la comunidad científica nacional, que alertó que la reforma llevaría a la precarización de los proyectos.
La reforma del Conacyt había sido criticada por un sector de la comunidad científica del país, que sostenía que podría llevar a la precarización de proyectos científicos, debido a que se eliminaban apoyos económicos y se derogaba un párrafo en el que se especificaba que el monto de estos debía de ser actualizado anualmente.