El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó este martes que la toma de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) es un “acto ilegal” y que la “violación” a la suspensión federal constituye “un fraude a la ley”.

La Fundación afirmó que cuenta con una suspensión federal “para evitar que se pretenda crear un Patronato espurio, que usurpe funciones de la UDLAP”.

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“De manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla está buscando imponer a diversas personas con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución”, expresó el patronato en el que participan diversos miembros de la familia Jenkins de Landa.

Exhortó a las autoridades de Puebla a “acatar la ley” con el objetivo de que tanto estudiantes como docentes puedan continuar con sus actividades, al tiempo que señaló que existe una campaña de “desprestigio” en contra del patronato.

“Ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes y sus familias, que están siendo afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública estatal”, sentenció.

Virgilio Rincón Salas, abogado de la de la Fundación Mary Street Jenkins, aseveró que la intervención que se realizó dentro de la UDLAP “es un atropello inadmisible a su autonomía”, por lo que consideró que perjudica a “una de las mejores instituciones académicas” de México.

La defensa también señaló que los estudiantes se ven afectados por una “acción injustificada” mediante el uso de la fuerza pública.

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“La intervención policíaca de corporaciones estatales de seguridad se hace violentando con flagrancia dos suspensiones (una provisional y otra definitiva) otorgada por juzgadores federales que protegen la conformación del patronato de la universidad”, apuntó el litigante en un pronunciamiento.

Este martes, a través de redes sociales, usuarios denunciaron que elementos de seguridad de Puebla tomaron las instalaciones de la la Universidad de las Américas Puebla. 

El "patronato legalmente constituido de la Universidad" informó que un juez ordenó entregar las instalaciones ubicadas en el municipio de Cholula a fin de iniciar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha institución.

Se informó también que la recuperación patrimonial tiene el propósito de garantizar "el normal funcionamiento de la institución y la prestación regular de sus servicios".