Alrededor de 3.1 millones de trabajadores en el país han quedado en la incertidumbre e indefensos debido a los ajustes que las autoridades federales han hecho a la reforma a la subcontratación o outsourcing que entró en vigor el 24 de abril, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su mensaje semanal, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, aseguró que aunque las empresas intenten cumplir con sus obligaciones legales, desde la implementación de la reforma se han detectado problemas importantes que han retrasado el registro de las empresas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), como la falta de coordinación entre las autoridades administrativas o la falta de emisión de criterios definitivos de la reforma.
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Coparmex pidió a la autoridad tener sensibilidad y disposición para contar con las condiciones materiales, jurídicas y racionales que permitan cumplir con su responsabilidad y su obligación.
“Hacemos un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados, evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión, ya que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)”, señaló.
La Coparmex detalló que al 24 de junio, la STPS advertía que medio millón de trabajadores ya formaba parte de las plantillas de las empresas que antes los subcontrataban, y que hasta ese momento había ya 8 mil empresas que habían solicitado su inscripción al Registro. También señaló que en la cuarta semana de junio a la segunda semana de julio se lograron registrar cerca de 4 mil 500 empresas más.
“Al considerar que el 40% de los patrones registrados en el IMSS utilizan este esquema, se estima que cerca de 400 mil empresas inscritas al IMSS utilizan el esquema de outsourcing. Esto implica que a menos dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón quedan 387 mil 500 empresas por registrarse. Lo cual hace que la tasa diaria de crecimiento de las empresas inscritas tendría que aumentar en 17.9 puntos porcentuales”, expresó.
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Medina Mora destacó que de un análisis legal de la reforma se desprende que el artículo primero transitorio que prevé que para el sector privado surtirán efectos dichas disposiciones a partir del día siguiente de su publicación, en tanto que a las entidades de gobierno dichas obligaciones se les harán efectivas a partir del 1 de enero de 2022, lo que consideró un “trato diferenciado y discriminatorio”.
“Las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma. Sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno”, recalcó el presidente de la Coparmex, quien también celebró la propuesta de los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y Kenia López Rabadán, del PAN, de ampliar el plazo para la implementación de la reforma.