Tras seis días de la toma de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) por elementos de seguridad de la entidad, la Secretaría de Educación estatal se reunió este lunes con el patronato universitario con miras a intervenir en el conflicto.
Melitón Lozano Pérez, titular de Educación, manifestó su disposición para hacer que la Universidad continúe con sus funciones educativas “en beneficio de la comunidad estudiantil y académica de Puebla“.
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“Una de las tareas primordiales de la Secretaría de Educación es garantizar el cumplimiento al derecho a la educación, tanto en instituciones públicas como privadas. Por ello (…) es consciente de la importancia de mantener la certeza en los procesos de enseñanza de manera adecuada y permanente”, expresó la Secretaría en un comunicado.
En la reunión los “integrantes del patronato” expresaron su intención para garantizar que las actividades académicas de la UDLAP continúen su desarrollo, “preservando los derechos de los estudiantes y trabajadores”, explicó la dependencia.
Estudiantes de la UDLAP ya se manifestaron para exigir que los elementos armados de seguridad pública liberen el plantel y se mantenga el actual patronato encabezado por Luis Ernesto Derbez Bautista.
La semana pasada, el Consorcio Universitario condenó la situación por la que atraviesa la Universidad de las Américas, por lo que afirmó que se debe de evitar cualquier acción que "atente de manera directa" contra la certidumbre de la comunidad de estudiantes y docentes.
Sin embargo, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, acusó que tanto el Consorcio como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), están usando a la comunidad universitaria para "fines de defensa de interés".
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Barbosa pidió a dichas organizaciones que permitan que el estado de derechos "se aplique por autoridades" y añadió que "no aspiren a influir con desplegados porque se consideran grupos de privilegio".
El 29 de junio, usuarios de redes sociales denunciaron que la UDLAP fue tomada por elementos de seguridad del estado, luego de que el "patronato legalmente constituido de la Universidad" informó que un juez ordenó entregar las instalaciones a fin de iniciar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha institución.
El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la toma de la Universidad fue un "acto ilegal" y que la "violación" a la suspensión federal constituye "un fraude a la ley”.