La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) condenaron este jueves las agresiones cometidas ayer por personal del Congreso mexiquense en contra de integrantes de colectivas feministas que se manifestaban para exigir la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la entidad.
A través de un comunicado, exigieron a las autoridades del Estado de México investigar lo ocurrido a fin de que las agresiones no queden impunes y reciban una sanción ejemplar que contribuya a prevenir situaciones similares, pues consideraron que lanzar agua y gases a las mujeres para dispersarlas son acciones que violentan los derechos a la libre manifestación y a una vida libre de violencia; y además, vulneran la integridad física, salud y dignidad.
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En ese sentido, la CNDH y la CODHEM exhortaron a las autoridades del Estado de México y de Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la entidad, a evitar la criminalización y la estigmatización contra las mujeres.
Los organismos de derechos humanos recordaron que el pasado 10 de agosto, la Comisión del Estado de México hizo un llamado para solicitar a las autoridades implementar medidas cautelares para salvaguardar las prerrogativas fundamentales de manifestantes, periodistas y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del Palacio Legislativo de la entidad y anunció el inicio de la investigación de oficio CODHEM/AE/IG/103/2021.
El 10 de agosto voceras de más de 130 organizaciones y colectivas de los 125 municipios del Estado de México participaron en una manifestación en el Congreso de la entidad que buscaba llevar a la agenda legislativa la discusión sobre la ILE, "como un tema de justicia social, salud pública y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, jóvenes y niñas".
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Pese a que por más de una semana se llevaron a cabo reuniones con diputadas que se comprometieron a abordar el tema en la legislatura, no hubo un pronunciamiento por parte de la Junta de Coordinación Política ni se incluyó en la discusión como se acordó, por lo que asistieron al Congreso para demandar acciones.
Tras la difusión de videos en redes sociales que documentaron la represión, el Congreso mexiquense reconoció haber lanzado agua a las manifestantes, así como material de extintores, alegando que sus acciones fueron para proteger a las personas que trabajan dentro del recinto y "a las propias manifestantes".