La Fundación Mary Street Jenkins denunció este jueves que existe una “persecución política” por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Por medio de un comunicado, la Fundación refirió que “en las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención del tema de fondo, que es la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP“.
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"Se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el gobierno de Puebla", dijo la Fundación en el documento, en referencia a presuntas órdenes judiciales para detener al exrector Luis Ernesto Derbez y otros integrantes del cuerpo directivo de la universidad.
Recordó que la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa, sin embargo, hasta el momento las instalaciones no han sido liberadas.
En ese sentido, señaló que presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, ante el Consejo de la Judicatura capitalina, a fin de que e investigue su proceder, sus vínculos y complicidades.
Señaló que “esta queja será un elemento importante en la revisión que realiza Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto a los sistemáticos atropellos en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados”.
El pasado 9 de agosto, la Fundación Mary Street Jenkins informó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla, quien el pasado 15 de julio otorgó una suspensión de amparo ordenando la devolución del campus de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP).
Además, dio un ultimátum a Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 civil de la Ciudad de México, para acatar la resolución en favor de la Fundación.
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La determinación, señala el comunicado, "tiene efectos restitutorios inmediatos que pretenden ser desconocidos por el Juez capitalino" quien se declarara incompetente para seguir conociendo del asunto "y de forma irregular lo envió al Juez 60 Civil, "con la finalidad de eludir el mandato del juzgado Federal”.
Por lo anterior, se requiere que ambos juzgados informen sobre el cumplimiento de la suspensión, que obliga a regresar las cosas en el estado en que se encontraban "hasta antes de la incursión violenta con policía estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio".