Senadores de oposición aseguraron este sábado que el respeto a la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la independencia de sus órganos jurisdiccionales y de dirección debe prevalecer frente a los diversos intereses e injerencias de los otros poderes o agentes externos.
A través de un comunicado, los senadores de los grupos parlamentarios de Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideraron que las resoluciones tomadas por el órgano máximo de dirección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) deben respetarse “a efecto de no incurrir en una indeseable e ilegal invasión de competencias y de atribuciones, así como en intromisiones en su vida interna, que alteren aún más la situación que se vive a su interior”.
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Los legisladores llamaron a que desde el TEPJF se respeten las decisiones de mayoría colegiada y se regularice su funcionamiento, “a efecto de no incidir o afectar la libre emisión de sus resoluciones y el ejercicio pleno de sus atribuciones jurisdiccionales y administrativas, evitando así que se vulnere su funcionamiento en cualquier ámbito de su competencia y de su esfera jurídica”.
“Como parte integrante de los Poderes de la Unión, desde el Senado de la República nos pronunciamos por velar y garantizar el ejercicio pleno de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y, en lo particular, del Tribunal Electoral del propio Poder Judicial de la Federación, así como por el respeto y autoridad irrestrictos de sus resoluciones jurisdiccionales y determinaciones administrativas”, plantearon.
El pasado 4 de agosto, cinco magistrados del TEPJF aprobaron remover a José Luis Vargas como presidente del organismo al argumentar diversas irregularidades durante su gestión. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue elegido, por unanimidad, para sustituir a Vargas.
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El pasado 30 de julio, un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reabrir la investigación en contra de José Luis Vargas Valdez por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el 19 de julio que presentó una denuncia contra Vargas Valdez, uno de sus familiares y otras cuatro personas morales, a quienes se les vincula con empresas fachada a partir de las cuales se desvió dinero al extranjero.