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Dan ultimátum a juez para hacer cumplir la devolución del campus de la UDLAP, afirma Fundación Mary Jenkins
Lunes 23 de Diciembre de 2024

Dan ultimátum a juez para hacer cumplir la devolución del campus de la UDLAP, afirma Fundación Mary Jenkins

FOTO: UDLAP.
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La Fundación Mary Street Jenkins informó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla, quien el pasado 15 de julio otorgó una suspensión de amparo ordenando la devolución del campus de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), dio un ultimátum a Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 civil de la Ciudad de México, para acatar la resolución en favor de la Fundación.

“El pasado jueves 5 de agosto se interpuso una denuncia contra Yáñez Quiroz por evadir el cumplimiento a la suspensión de amparo vigente, concedida desde el Poder Judicial de la Federación que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de las Américas Puebla (FUDLAP) que preside Margarita Jenkins de Landa”, se lee en un comunicado.

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La determinación, señala el comunicado, “tiene efectos restitutorios inmediatos que pretenden ser desconocidos por el Juez capitalino” quien se declarara incompetente para seguir conociendo del asunto “y de forma irregular lo envió al Juez 60 Civil, “con la finalidad de eludir el mandato del juzgado Federal.

Por lo anterior, se requiere que ambos juzgados informen sobre el cumplimiento de la suspensión, que obliga a regresar las cosas en el estado en que se encontraban “hasta antes de la incursión violenta con policía estatal armada en el campus de Cholula, el pasado 29 de junio”.

El documento hace la precisión de que con lo anterior, con el Juzgado 60 solo aplica la solicitud si aceptaron el conocimiento del caso.

De igual forma, se advierte que “de seguir evadiendo el cumplimiento de la suspensión, el juez Roberto Yáñez será multado y además denunciado al Ministerio Público de la Federación, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo”, que prevé una sanción en contra de quienes muestren una conducta de desacato.

Finalmente, el comunicado indica que “este ultimátum advierte un concierto de acciones dolosas que violentan el estado de derecho, con el objetivo de intentar normalizar un flagrante atropello contra el patrimonio privado de la fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de las Américas de Puebla“.

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