Las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron este martes el dictamen con el que se expide la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

El dictamen pasará al pleno del Senado de la República para su votación y eventual aprobación. Sin embargo, legisladores de oposición prevén impugnar esta iniciativa por supuesta inconstitucionalidad.

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Las dos comisiones avalaron el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Los votos afirmativos fueron de la bancada de Morena y el Partido Encuentro Solidario (PES).

Legisladores de oposición argumentaron que este proyecto de ley es inconstitucional porque no se puede obligar a los congresos locales a acatar las resoluciones del Congreso federal. También acusaron que este dictamen se aprobó con prisa y sin análisis profundo.

Durante la votación en las comisiones, el senador Miguel Ángel Mancera anunció su voto en contra y señaló que, de concretarse su aval, habrá una impugnación por las anomalías que presenta el dictamen. A esta iniciativa se sumó la senadora priista Claudia Ruíz Massieu.

"Anticipo que el grupo parlamentario del PRI, si es aprobado en el pleno, se sumará a la acción de inconstitucionalidad, dijo la senadora Ruíz Massieu antes de votar.

¿En qué consiste la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia?

De acuerdo con el dictamen presentado a los legisladores, esta nueva ley establece que se puede emprender un juicio político cuando algún funcionario ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos, o cometa cualquier violación a la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público si considera que este último cometió un delito.

La iniciativa también plantea que el presidente de la República pueda ser imputado y sometido a juicio por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones a la ley por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.

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En cuanto a la declaración de procedencia, se tiene como objetivo la obligación de los congresos locales a acatar del mismo modo los acuerdos que defina el Congreso federal. 

Con esto se busca evitar que se repita lo sucedido en abril pasado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que la Cámara de Diputados federal aprobó su desafuero, pero el congreso local determinó no homologar esta decisión. En consecuencia, el gobernador se mantiene con fuero.

De aprobarse en el Senado, la nueva legislación de juicio político abrogará la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.