La Fiscalía General de la República (FGR), informó este jueves que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, así como otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de que obtuvo la ficha roja para su localización.

“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

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En noviembre de 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont, así como cinco personas más y siete empresas. “Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, dijo la Fiscalía.

Los presuntos implicados y las empresas celebraban diversos contratos con Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob) utilizando comprobantes fiscales digitales por internet “que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

De acuerdo con la FGR, la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez y su esposa Inés Gómez Mont “que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor ‘Z’, Armando ‘R’, José ‘O’, Ricardo ‘C’, Yareli ‘C’, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”.

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El siguiente grupo de implicados en el caso está integrado por servidores públicos, dice la Fiscalía, quienes facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. “En esa estructura se encontraron a Eduardo ‘G’, Paulo ‘U’, Emanuel ‘C’, Jesús ‘P’ y Jorge ‘N'”, dice el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, una de esas células se integraba con las otras para realizar los delitos. Álvarez Puga e Inés Gómez Mont tienen desde septiembre alejados de la vida pública y se desconoce su paradero actual.