EFE.- Las organizaciones representantes de la familia de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, asesinada en octubre de 2001, calificaron este viernes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como una “sentencia histórica con importantes repercusiones para México y Latinoamérica“.
El pasado miércoles, la Corte IDH condenó a México por la deficiente investigación llevada a cabo sobre la muerte de Ochoa, lo cual constituye una violación a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida.
“La sentencia reconoce que el Estado mexicano violentó el derecho a la vida, la dignidad y honra de Digna Ochoa“, señalaron las organizaciones.
Agregaron que el fallo también “establece la responsabilidad del Estado por las graves falencias ocurridas durante la investigación de la muerte de Ochoa”, hechos parcialmente aceptados por el Estado, y reconoce que la investigación estuvo sesgada por estereotipos de género, que afectaron el derecho a la honra y dignidad de Ochoa.
“Esta sentencia, nos da la razón sobre lo que hemos afirmado durante más de 20 años de lucha e insistencia”, afirmó Jesús Ochoa, hermano de Digna, quien sostuvo que este acto representa un importante triunfo para su familia, que siempre sostuvo que la realidad no correspondía con la versión de las autoridades sobre un supuesto suicidio.
“Desde el primer momento sabíamos que a Digna la habían asesinado” recalcó el hermano que durante 20 años ha impulsado el caso.
La sentencia ordena al Estado mexicano para que “presente e impulse una reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales”, lo que marcaría un hito en el actual sistema de procuración de justicia mexicano.
El Tribunal ordenó también una reforma a la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal para crear un mecanismo de protección de testigos que intervengan en el procedimiento penal.
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Dichas medidas también apuntan al fortalecimiento y efectiva puesta en acción del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas“, así como la creación a nivel federal, de un protocolo especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
El jueves, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que el Estado mexicano “estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el caso”, esto con el fin de cumplir con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, el Estado mexicano refrendó los compromisos y acuerdos alcanzados con la familia de Ochoa en materia de reparación del daño y garantías de no repetición, y atenderá puntualmente lo señalado por la Corte IDH al respecto.
Digna Ochoa era una destacada defensora de derechos humanos en México que participó en investigaciones de alto perfil y su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico el 19 de octubre de 2001 con un disparo en una pierna y otro en la cabeza.
La investigación judicial en México determinó que se trató de un suicidio, pero la acusación contra el Estado asegura que hubo serias irregularidades en el proceso y que en realidad los hechos corresponden a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.