La Alianza de Redes Nacionales Feministas exigió este lunes al Congreso de la Unión ampliar el presupuesto destinado a las mujeres con perspectiva de género, porque en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PPEF) de 2023 los recursos son destinados principalmente a programas asistencialistas.
En videoconferencia, las integrantes de las organizaciones acusaron que en el Anexo 13 del PPEF, donde se establecen las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, este año se pretenden destinar 346 mil 77 millones 17 mil 893 pesos, lo que equivale 14 pesos por día para cada mujer.
Acusaron que en el sexenio anterior y en lo que va del presente, el Anexo 13 está inflado con recursos de programas asistenciales o de tipo administrativo, que en nada contribuyen a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.
"Si se eliminaran los programas asistenciales del Anexo 13, lo que el gobierno federal destinará el próximo año no llega ni a un peso diario por cada mujer", criticó la alianza.
Por lo anterior, demandaron que dicho anexo se depure y responda al mandato de la ley, con programas y acciones dirigidos a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.
Además, acusaron que en este sexenio se han encontrado con "muros" que impiden el diálogo con los legisladores de la Cámara de Diputados, quienes han votado leyes sin perspectiva de género.
"La realidad muestra que el gobierno en turno no tiene voluntad de cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las mujeres y disminuir las desigualdades y las violencias, lo que pretenden es crear dependencia con ‘ayudas económicas‘ ínfimas y clientelas electorales, con una visión asistencial y no de derechos", acusaron.
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En un pronunciamiento, la alianza pidió que se destine presupuesto público suficiente que reconozca que las mujeres contribuyen con su trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
De igual forma, destinar recursos suficientes para la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a diez años de aprobada, la Cámara Baja no ha asignado presupuesto para su implementación.
Y llamaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a proteger el derecho a la vida de las mujeres, debido a la disminución tan drástica de recursos para prevenir la mortalidad materna, pues de 2018 a 2023 se redujo en 50%.