La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de la instancia paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien es acusado por uso indebido de recursos públicos.
La FGR informó que Gavira, en 2019, firmó la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió hasta 2020 autorizar diversas adquisiciones ilícitas con recursos públicos.
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“(La FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad cuando el servidor público que ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico”.
“Este es uno de varios casos que se encuentra en investigación en contra de René ‘G’, con otra causa penal, por el probable uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex”, según un comunicado de la dependencia.
La FGR abundó que como medidas cautelares se le impusieron la firma quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, prohibición de salir de la Ciudad de México y su zona metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos.
René Gavira ostentó su cargo hasta el 30 de junio de 2020, fecha en la que presentó su renuncia al cargo señalado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en junio que la FGR abrió 22 carpetas de investigación por un presunto fraude en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex).
En el mes de abril la FGR obtuvo otra vinculación a proceso en contra de Gavira por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
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De acuerdo con la FGR, durante sus funciones como servidor público, René Gávira presuntamente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una casa de bolsa.
"Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el Director General no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados", informó la Fiscalía en abril.