El embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, fue la primera autoridad mexicana en tener contacto con Pedro Castillo tras su destitución como presidente por el Congreso peruano, para posteriormente ser detenido por la policía local.
En enero de 2022, el gobierno de México anunció que Pablo Monroy sería designado como embajador de México en el país sudamericano.
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A través de un comunicado, el gobierno informó que Monroy Conesa trabajaba como consultor jurídico adjunto “A” en la Cancillería, cargo que ocupó hasta el 28 de febrero.
El 1 de marzo de este año, Monroy tomo el cargo como embajador de México en Perú gracias a la propuesta que el secretario de Relaciones Exteriores hizo al presidente López Obrador.
Luego de casi dos meses, el 31 de mayo, presentó sus cartas credenciales como embajador con las que presentó su acreditación diplomática con el Perú.
Cuando Pablo Monroy fue nombrado para asumir el cargo en dicho país latinoamericano, él no contaba con los requisitos necesarios con lo que se violaba a la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
Hasta ese momento, apenas contaba con el segundo secretario, con lo que todavía le faltaban tres ascensos para llegar al grado de ministro requerido por el artículo 22 de la Ley del SEM, con lo cual podría aspirar a una embajada.
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Además, se registró que Monroy Conesa es un funcionario cercano a Ebrard.
Entre las asignaciones que este funcionario tuvo a su cargo fue presentar la demanda de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos, uno de los temas prioritarios en la agenda de Ebrard.
La Ley del SEM indica que los rangos de la rama diplomático-consular son, en orden ascendente, agregado diplomático, tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador.
Recientemente, el embajador mexicano fue llamado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para que aclarara cuál es el origen de las declaraciones que el presidente López Obrador y el canciller Ebrard han hecho luego de la detención de Pedro Castillo, ya que fueron consideradas como “una injerencia en los asuntos internos”.
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Asimismo, el Ministerio peruano aseguró que le informó que ante la solicitud de asilo emitida por el expresidente Castillo, México debe apegarse a los tratados internacionales.