La Asamblea académica permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) denunció que dentro de la institución existe una censura a quienes se manifiestan en contra de las irregularidades como el caso de Grisel Salazar Rebolledo, coordinadora de Periodismo del CIDE, destituida el 13 de mayo sin motivo alguno.
En un comunicando, la Asamblea expresó su preocupación ante varios acontecimientos que violentan los estatutos internos que han colocado a la institución en "una crisis en la que los principales perjudicados son los alumnos y la comunidad".
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“La destitución de la doctora Salazar se suma a una larga lista de violaciones a los estatutos del CIDE“, indicó.
Ante estas acciones, los alumnos del CIDE ven incertidumbre por las destituciones que se han generado sin motivo alguno como los casos también de la doctora Catherine Andrews, el doctor Alejandro Madrazo y el doctor Canos Heredia.
"Exigimos el respeto a los estatutos internos, la libertad de cátedra y el derecho a la libertad de expresión, transparentando nombramientos y destituciones, y restituyendo los procesos para que estos sean respetuosos de la normatividad interna", destacan.
La destitución de la investigadora Grisel Salazar se ha sumado a la lista de reclamos de la comunidad estudiantil que ha denunciado un supuesto conflicto de interés desde el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE en noviembre de 2021.
Desde entonces, los estudiantes han realizado varias manifestaciones por la mala gestión de los directivos, que no han logrado llegar a un acuerdo con las autoridades del CIDE.
Ante esto, la Asamblea ha pedido que se deje de navegar en la incertidumbre y que los directivos no pasen por encima de los "criterios básicos de funcionamiento" que han evidenciado la falta de compromiso con los programas académicos y que solamente responden a intereses personales.
Desde marzo la inconformidad de los alumnos ha quedado manifestada cuando se realizó un plantón para protestar contra la gestión de María Elena Álvarez-Buylla.
Dicha protesta se llevó durante el marco de la fecha de expiración del plazo que había otorgado un juez al Conacyt para entregar el acta de la supuesta designación del director general, Romero Tellaeche.