El Congreso del Estado de Tamaulipas determinó este viernes en la reunión de la Comisión Instructora aplazar el desahogo de pruebas por parte de la diputada Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en proceso de desafuero tras ser acusada por el delito de cohecho.
En la reunión integrada por diputados del Congreso, la Fiscalía Especializada de Corrupción, Salazar Mojica y su representante, se decidió a través de cinco votos a favor y dos en contra que la acusada tendría un plazo de 13 días para presentar sus pruebas de defensa en el caso.
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Tanto el diputado, Humberto Prieto, como la defensa de la acusada, propusieron en la reunión que el lapso fuera de 30 días para poder presentar las pruebas.
“Quisiéramos que la prórroga fuera de más días, por eso propongo 30 días más”, dijo Prieto. Por su parte, la diputada señaló que “es un tiempo suficiente para poder desahogar y ofrecer las pruebas que se requieren”.
La Fiscalía, autoridad que solicitó pruebas, determinó que brindar un plazo hasta el 15 de junio sería “tiempo suficiente”.
“Ya se ha dado cuenta que la contraparte ha ofrecido pruebas y esta solicitud la realizó la Fiscalía, por lo que consideramos que el día 15 de junio es tiempo suficiente para que podamos estar en posibilidad de ofrecer las pruebas. Consideramos que es una fecha prudente en razón a que hasta el momento la Fiscalía lo ha solicitado”, respondió.
Por lo anterior, se realizó otra votación para decidir la propuesta del diputado Prieto en la cual se le negó a Salazar Mojica contar con un tiempo de 30 días.
Al final de la reunión, Salazar Mojica se pronunció y dijo estar siendo perjudicada por “una guerra sucia” en su contra con el proceso de desafuero.
“Este acto que están haciendo en mi contra, este proceso de desafuero, decirle aquí a la Fiscalía que nos entregue la herramienta necesaria para poder hacer nuestra defensa, estamos a ciegas y cumplimos aún así de manera forzosa. Reitero lo que dijo mi compañero diputado Humberto Prieto, aquí no estamos jugando, estamos haciendo un proceso serio y la más ofendida soy yo, porque esto sí me ha afectado muchas partes de mi integridad”, apuntó la diputada.
“Esto también me lleva a una afectación en mi ámbito social, toda esta guerra sucia que se ha desprendido en mi contra, he dicho en reiteradas ocasiones que esto es una violencia de género”, añadió.
La sobrina del presidente López Obrador está siendo acusada por unos audios difundidos en redes sociales el pasado 26 de marzo, donde supuestamente se le escucha pedir a un proveedor del Legislativo estatal aumentar el monto de una factura.