La organización Amnistía Internacional alertó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre permitir a las Fuerzas Armadas que registren directamente con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSCP) las detenciones, podría abrir la posibilidad de violaciones a los derechos humanos.
A través de sus redes sociales, Amnistía Internacional lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguró que la “militarización no es la solución, pues aumenta la posibilidad de arbitrariedad y opacidad en la información” por parte de las Fuerzas Armadas.
Puntualizó que el Ejército “sólo debe hacer tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
“Al dejar el registro de detenciones en manos de las Fuerzas Armadas aumenta la posibilidad de arbitrariedad y opacidad en la información. Esto puede derivar en violaciones a derechos humanos como detenciones y ejecuciones arbitrarias, e incluso tortura”, alertó el organismo internacional.
Por su parte, la organización Seguridad Sin Guerra aseguró que los ministros de la Suprema Corte pasaron por alto que las Fuerzas Armadas deben ser subordinadas y complemento del poder civil, además los exhortó para que las siguientes discusiones sean públicas.
A través de un comunicado, alertó que el uso de la fuerza que puede ejercer dicha dependencia de seguridad pone en riesgo a los ciudadanos, ya que se han visto involucradas en desapariciones y ejecuciones.
“Las Fuerzas Armadas en México han sido señaladas en denuncias de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos”, señaló.
El martes, el pleno de la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de los artículos 19 y el quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que establecen la regulación de las detenciones hechas por el Ejército cuando lleva a cabo labores de seguridad pública.
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Con ocho votos a favor se validó que las Fuerzas Armadas deberán notificar de las detenciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).