Por Fernando Miranda/ Corresponsal
Oaxaca de Juárez.- Un juez sentenció a de 210 años de prisión a los tres hombres declarados culpables de la masacre de San Mateo del Mar, multihomicidio en el que fueron asesinados 15 indígenas ikoots entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de junio de 2020.
Las víctimas, 13 hombres y dos mujeres, fueron asesinadas como consecuencia de un conflicto político y electoral que fue escalando en violencia en Huanzatlán del Río, comunidad perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.
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La sentencia condenatoria fue dada a conocer este viernes por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), instancia que afirmó que se trata de la primera emitida a más de tres año de la masacre.
Se trata de José Luis C. S., Gualterio E. A. y Flavio S. S., quienes fueron declarados culpables de los delitos de homicidio calificado con ventaja, en agravio de 13 hombres, y el feminicidio de dos mujeres, mismos que se cometieron tras una serie de hechos violentos en junio de 2020 y que estallaron en esta masacre, considerada la que más víctimas ha dejado en una comunidad indígena de Oaxaca, según registros históricos.
Los 13 homicidios y los dos feminicidios se derivaron de la confrontación de un grupo de pobladores que respaldaba al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y un grupo de habitantes de Huanzatlán del Río que lo desconocía, encabezado por autoridades comunitarias tradicionales. Incluso, José Luis C. S., uno de los sentenciados, era agente municipal de dicha comunidad durante los hechos.
Aunque inicialmente la violencia fue ejercida por el grupo afín al edil, al que se acusó de un asesinato previo a la masacre, en el transcurso de la noche del 21 y la madrugada del 22 de junio de 2020 y tras meses de inestabilidad social, ambos grupos se confrontaron en Huanzatlán, lo que dejó como saldo a las 15 personas muertas, quienes fueron asesinadas con suma violencia, desmembradas y calcinadas vivas, según la causa penal 206/2020.
Estos hechos se cometieron pese a la presencia de elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en esa comunidad ikoots desde antes de que estallara el linchamiento de las víctimas y se cometiera la masacre, al no intervenir permitieron graves violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior, lo determinó en mayo de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió la recomendación 54VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y al entonces gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, a quienes se les solicitó reparar Integralmente el daño a las víctimas indirectas y sobrevivientes de la masacre, algo que no ha ocurrido hasta ahora.
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Por su parte, a tres años y medio de distancia, la fiscalía oaxaqueña asegura que tras los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), agentes del Ministerio Público y peritos del Instituto de Servicios Periciales iniciaron las primeras diligencias, mismas que llevaron este viernes a una sentencia condenatoria.
En el fallo condenatorio que se impuso a los sentenciados también se contempla el pago de la reparación del daño y una multa, que en conjunto supera los 6 millones 700 mil pesos, a favor de las víctimas indirectas, es decir, los familiares.
El próximo 7 de diciembre se realizará la audiencia de lectura de la sentencia.