Por Fernando Miranda / Corresponsal
Oaxaca, Oaxaca.- La sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) determinaron que debe reponerse el juicio en contra de Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal morenista de Asunción Nochixtlán, quien ya había sido hallada culpable de la desaparición forzada de la activista y defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz.
Lo anterior lo dieron a conocer este día Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, hermanas de la activista quien, según la primera sentencia, fue desaparecida por órdenes de la entonces presidenta municipal emanada de Morena en marzo de 2021, en lo que se consideró el primer caso de desaparición forzada donde se responsabilizaba a los actores del Estado y que fue judicializado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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La orden de un juez para la reposición del caso en contra de la exalcaldesa de Nochixtlán se dio luego de que la familia apeló la primera sentencia contra la morenista, quien si bien fue hallada culpable del delito de desaparición forzada, que se castiga con 40 años de prisión, finalmente sólo fue condenada a cuatro años de cárcel, luego de que una jueza reconfiguró el delito a obstrucción de búsqueda.
El 15 de diciembre de 2022 se dio a conocer la sentencia condenatoria en contra de Lizbeth Victoria Huerta y de otras tres personas más, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu y fue la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez quien reconfiguró el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la exalcaldesa para que finalmente fuera sentenciada a cuatro años y dos meses de prisión, por el delito de obstrucción de búsqueda.
El jueves, a través de una carta pública, las hermanas Uruchurtu recordaron que ante lo que en su momento consideraron "terribles vejaciones e intimidaciones" durante las audiencias y que sus derechos como víctimas fueron puestos en segundo plano, la familia interpuso un recurso de apelación, pues consideró que la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento no había
considerado elementos fundamentales para una justicia integral.
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La familia Uruchurtu acusa en el documento que durante un año los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar, Alejandro Magno González Antonio y Arturo Lázaro León de la Vega "evitaron entrar al estudio de fondo de los agravios expresados" y finalmente emitieron una sentencia de segunda instancia a través de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
En este nuevo fallo, emitido un año después de la sentencia de primera instancia, justo al inicio del periodo vacacional del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y el último día del periodo como presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de Eduardo Pinacho Sánchez, fue calificado por las hermanas Uruchurtu como un nuevo obstáculo a la búsqueda de la verdad y la justicia.
Lo anterior, dado que el Congreso de Oaxaca designó a cuatro nuevas magistradas y un magistrado, a partir de las ternas enviadas por gobernador morenista Salomón Jara Cruz y quien en varias ocasiones ha sido señalado por su cercanía con la exalcaldesa y que incluso negó que la desaparición de Claudia se hubiera cometido, calificando de delito como "ataques políticos" cuando era candidato por la gubernatura.
“Esto sin duda marca un momento donde el compromiso por garantizar la justicia queda a la deriva y bajo el control del poder Ejecutivo para definir la responsabilidad o no de las personas sentenciadas", expresaron las hermanas en la carta, en la que recuerdan que son reconocidas como víctimas indirectas de la desaparición y señalan que este nuevo fallo "sólo es una excusa para contribuir a la impunidad del delito de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz".
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Destacaron que es ilógico que por un plazo de 24 horas que se dejó de observar por la jueza María Teresa Quevedo Sánchez se lleve la sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca un año para resolver una apelación sin entrar al estudio de fondo de los agravios que acusan.
"Con esta resolución, que consideramos ilegal y que fuera emitida en segunda instancia, se deja de lado por completo el principio de la tutela efectiva, la cual se traduce en la posibilidad real de que las víctimas podamos acceder a la justicia, mediante tribunales previamente establecidos, quienes deberán en todo momento asegurar el derecho a la verdad y sancionar conductas que la Ley señale como delitos, evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que permitan la impunidad", condenaron.
Acusan que al ordenar la reposición de todo el procedimiento, "los magistrados las revictimizan y fallan en realizar una ponderación conforme a los estándares internacionales y en garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz".
Ante ello, anunciaron que recurrirán a los tribunales federales para impugnar esta resolución, pues afirmaron que la ley prevé la posibilidad de subsanar omisiones y deficiencias y no necesariamente reponer todo el procedimiento, como ahora lo plantean los magistrados.