Por Amado Azueta
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en 2021 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó irregularidades por 216 millones 87 mil 199 pesos en el pago de servicios de limpieza, jardinería, fumigación, y conservación de bienes informáticos.
De acuerdo con el tercer informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF encontró que del presupuesto de mil 755 millones de pesos que el IPN destinó para "Servicios Generales", hay irregularidades en la contratación de personal, documentación y falta de supervisión de los servicios.
La irregularidad de mayor monto está en el pago de 187 millones 408 mil 961 pesos a la empresa Rapax, por el servicio de limpieza de enero a noviembre de 2021.
La auditoría reveló que durante varios meses la empresa cobró al IPN diferentes montos por los mismos trabajadores por servicios similares. Explica que en enero de 2021 se pagó a 114 trabajadores un total de 229 mil pesos; mientras que en mayo pagó a 545 trabajadores 1 millón 451 mil pesos.
En enero, mayo y octubre de 2021, 2 mil 648 trabajadores registraron su asistencia laboral, sin embargo, la empresa no reportó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pago de las cuotas obrero-patronal de mil 681 trabajadores.
La ASF presume otros daños al erario por servicios de jardinería que superan los 14 millones de pesos, de los cuales 4 millones 870 mil pesos se pagaron a la empresa Servicios Caindi y 10 millones 758 mil 87 pesos a la compañía Mer Solutions.
Otra irregularidad del IPN por falta de mecanismos de control y supervisión en los servicios contratados; según la investigación de la ASF fue en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones por el pago de 13 millones 712 mil pesos por concepto de servicios de mantenimiento de equipos de videoconferencias e infraestructura telefónica.
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Las empresas involucradas son Proyectos y Suministros Interdisciplinarios dela Ciudad de México y Banana Technologies Group. La Auditoría Superior de la Federación solicitó la investigación y en su caso iniciar el procedimiento administrativo contra los servidores públicos por las irregularidades detectadas.