El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó este martes a que se considere a todos los grupos parlamentarios del Senado en la discusión y análisis del plan B de la reforma electoral, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El CCE recordó que este año se realizarán las elecciones gubernamentales en el Estado de México y Coahuila, así como las presidenciales del próximo año, en las que también se renovarán las cámaras del Congreso de la Unión, ocho gubernaturas, cambio de jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como para mil 580 ayuntamientos y 30 congresos locales.
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"La relevancia de la elección federal en el año 2024 en la que se elegirá presidente de la República, y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas", indicaron.
Por ello, el organismo empresarial señaló que el país debe contar con fortaleza institucional.
"Los tiempos que vivimos requieren (…) de un marco de convivencia política que privilegie los acuerdos y la construcción de consensos, a fin de consolidar los avances democráticos logrados en las últimas décadas, que han permitido la organización de elecciones libres y transparentes en México" se lee en el comunicado.
Este mismo martes, más de 60 organizaciones civiles convocaron a una segunda manifestación el 26 de febrero para rechazar la polémica reforma electoral del presidente López Obrador, que se discute en el Senado y la que consideran será la "más impugnada de la historia".
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"Buscamos que esta sea la norma más impugnada de la historia para mandar un claro mensaje a los tres poderes de la Unión, pero sobre todo al Poder Judicial, de que las y los ciudadanos estamos dispuestos a dar la batalla en defensa de la democracia desde todas las trincheras", expresaron en un comunicado.
La concentración, de nombre #MiVotoNoSeToca, se centrará en el llamado plan B electoral que impulsa López Obrador después de que su reforma constitucional fracasó en diciembre pasado.
Con la nueva reforma legal se pretende ahorrar 3 mil 500 millones de pesos en el Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.