Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigieron a la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, llevar a cabo una investigación objetiva sobre los hechos que sucedieron el pasado 26 de febrero, cuando efectivos del Ejército mexicano dispararon en contra de seis jóvenes y cinco de ellos murieron en Nuevo Laredo.
Solicitan que la CNDH pida al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, "en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que ordene lo conducente para que las Fuerzas Armadas se conduzcan en apego a los criterios nacionales e internacionales para el uso de la fuerza y de las armas, en estricto apego al respeto de los derechos humanos".
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A través de un comunicado, seis consejeros ciudadanos pidieron que el presidente López Obrador vigile que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue de manera objetiva y exhaustiva los hechos.
"Que demande y vigile que las personas detenidas como presuntas responsables de los hechos sean recluidas en centros de detención civiles y que sean juzgadas dentro del fuero civil, no del militar", refiere el texto.
Llamaron a la Comisión a tener "cuidado con la veracidad de las evidencias aportadas por la Sedena sobre el caso, a efecto de evitar validar falsos positivos", es decir, incurrir en la fabricación de culpables.
El Consejo Consultivo demanda que personal de la CNDH acuda al lugar de los hechos para que atienda y apoye a las víctimas y a sus familiares, del mismo modo que se les otorgue protección; así como que se respete la libertad de expresión.
"Que evite denostar e intentar limitar la libertad de expresión de periodistas y sociedad civil, como lo hizo en el comunicado DGDDH/04/2023 al hacer un llamado a 'asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación que han divulgado lo acontecido sobre este caso, a fin de evitar la generación de desinformación mediante la difusión de datos no verificados y de versiones extraoficiales'", se lee en la petición.
También pidieron la sanción de las personas responsables, reparación del daño y solicitar medidas de no repetición.
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Las y los consejeros que firman el escrito son Georgina Diédhiou, Adalberto Méndez, Jorge Alejandro Saavedra, Tania Espinosa, Bernardo Romero y Ángel José Trinidad.
"Reiteramos nuestro temor fundado de que los hechos de violencia descritos presuntamente cometidos por personal militar en agravio de la población civil sean consecuencia, entre otras causas, de la creciente militarización de nuestro país y de la inclusión de personal militar que no está sensibilizado y capacitado en materia de derechos humanos, en actividades de seguridad competencia exclusiva de autoridades civiles", finalizó el texto.