La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar los procedimientos en el país con la finalidad de resolver las controversias entre particulares.

“Priorizando la oralidad y el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos", señala un comunicado.

El dictamen fue avalado con 481 votos a favor y considera que los procedimientos y trámites del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea, las audiencias podrán ser a distancia y se emitirán resoluciones electrónicas, así como su autenticación mediante la firma electrónica certificada.

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"El dictamen precisa que el sistema de impartición de justicia en materias civil y familiar será adversarial, democrático y oral; contempla y regula las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal”, menciona.

Los diputados argumentaron que la finalidad es la instauración de un modelo único, que va a priorizar la resolución del fondo del conflicto por encima de las formalidades procesales.

Los legisladores explicaron que, con el aval del dictamen, se va a reducir la saturación de los sistemas de impartición de justicia en el ámbito local.

El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera del PAN, ejemplificó que con este código se logra la agilización y se puede dar en meses un proceso de adopción. Agregó que muchos de los trámites del ámbito familiar se podrán dirimir en menos de 30 días.

"Este proceso no acaba aquí, pues para que el código entre en vigencia pasarán 4 años, 4 años de vacatio legis. Yo los exhorto a que este producto ya terminado se pueda socializar en los estados, en las legislaturas, con los tribunales superiores de justicia, a fin garantizar el acceso a la justicia", expresó en tribuna. 

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Se explicó que en México, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi 2019, más de 65% de los asuntos ingresados en primera instancia fueron en esta materia, 27% civil y 39% familiar.