EFE.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este miércoles los asesinatos de Eustacio Alcalá Díaz y Gustavo Robles Taboada, así como la desaparición de Esthela Guadalupe Estrada Ávila.
"Estas tres personas, a través de sus acciones, defendieron ideales de justicia social e igualdad, así como los derechos a ser buscado y de los pueblos indígenas. A pesar de operar en contextos peligrosos, siguieron apostando por el poder transformador de los derechos humanos", dijo en un comunicado Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México.
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El organismo recordó que Gustavo Robles Taboada defendía los derechos de la comunidad LGBT y en ese marco impulsó diversas iniciativas en el estado de Morelos, como la defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo y la promoción del matrimonio igualitario.
Sin embargo, el activista fue asesinado el 28 de marzo de 2023, en el municipio de Cuautla, Morelos.
En tanto, Eustacio Alcalá, precisó, era defensor nahua del territorio y del medioambiente del estado de Michoacán, quien logró obtener la suspensión de diversos títulos de concesión minera.
El defensor fue privado de la libertad el 1 de abril cuando viajaba en carretera y su cuerpo fue encontrado el pasado 4 de abril.
Finalmente, Esthela Guadalupe Estrada Ávila, apuntó, es integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas "Luz de Esperanza" en Jalisco. Ella, junto con su madre, Azulema Yadira Estrada, buscaba a su hermano desaparecido en 2020.
Estrada Ávila desapareció la noche del 29 de marzo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y hasta la fecha no se conoce su paradero.
"Es preocupante que Esthela Guadalupe Estrada Ávila haya desaparecido a pesar de contar con medidas de protección. Esto nos habla del difícil contexto en el que deben llevar a cabo su labor quienes defienden los derechos humanos", dijo Peña Palacios.
Asimismo, dijo que es importante que se lleven a cabo actividades de búsqueda eficaces y oportunas, "con la necesaria coordinación entre los sistemas de búsqueda y de procuración de justicia, que permitan esclarecer su paradero a la mayor brevedad posible”.
La ONU-DH, que expresó su solidaridad con las familias y amistades de los activistas, exhortó a las autoridades a conducir una investigación "pronta e imparcial" que agote todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con su labor y que abarque a todas las personas presuntamente responsables, tanto materiales como intelectuales.
De 2014 a 2021 han sido ejecutados 124 defensores comunitarios del medioambiente en México y 58 en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018, de acuerdo con las cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).