EFE.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) urgieron este viernes al Estado mexicano avanzar en las investigaciones relacionadas con espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos mediante el software Pegasus.
“La CIDH y su Rele llaman al Estado mexicano a investigar de forma completa, exhaustiva e imparcial la adquisición y el uso de Pegasus y sancionar a quienes resulten responsables; a velar por el adecuado cumplimiento de las garantías de debido proceso; y a garantizar cooperación para que las autoridades a cargo tengan acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos”, detallaron en un comunicado.
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Ahondaron que, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano, la investigación de crímenes cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos deben considerar sus funciones y labores como hipótesis principales en la formulación de líneas de investigación.
Asimismo, instaron a “respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la participación pública”.
Una investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, de abril de 2023, reveló que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022, “lo cual podría estar vinculado con sus labores de defensa de graves violaciones a derechos humanos”.
La lista de personas presuntamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye a periodistas, personas defensoras, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
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Por su parte, el gobierno de México transmitió a la CIDH declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de mayo de 2023, en las que indicó que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos.
“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas dirigidas a asegurar la protección de dicho derecho de las interferencias de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas”, terminó la CIDH.