La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la segunda parte del plan B electoral y aseguró que los ministros no discutieron el fondo de la ley.
"Ni siquiera entraron a discutir el fondo\u2026 la verdad, era esperable. Es ya sistemático su comportamiento. Ya saben, ¡¡Vamos por el plan C!! .. A seguir haciendo historia", indicó la también aspirante a coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación.
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Los ministros de la Suprema Corte invalidaron las reformas electorales promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por mayoría de nueve votos. Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa consideraron que las violaciones no eran graves para su invalidez.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también se pronunció sobre este tema, pues en su cuenta de Twitter señaló que “los mismos ministros que se opusieron a la reforma electoral fueron quienes la invalidaron”.
"La SCinJN (Suprema Corte de inJusticia de la Nación) se muestra tal cual es: un poder al servicio de la derecha y protectora de intereses facciosos. Los nueve ministros agregan argumentos a quienes se opusieron inicialmente al plan B y ellos mismos los aprueban", expresó.
El gobernador se unió a las críticas contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo que inválida la segunda parte del plan B electoral. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los ministros están del lado conservador.
Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó la decisión de la Suprema Corte y urgió a que se renueve el Poder Judicial en el país.
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"Si (los ministros) quieren ser opositores al cambio, que renuncien y se presenten a las elecciones. Pero que no quieran frenar avances democráticos significativos disfrazados con la toga de la "justicia". Lo hemos venido diciendo, y hoy lo reafirmamos: urge renovar al Poder Judicial", indicó Adán Augusto López.
Las acciones de inconstitucionalidad las promovieron partidos y legisladores de oposición, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión.