Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que lleve a cabo las acciones necesarias para abrir un litigio internacional por la colocación de boyas en el río Bravo que ordeno el gobierno de Texas para frenar la llegada de migrantes.
En el punto de acuerdo, presentado por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, se lee que esta solicitud surge debido a que la colocación de la barrera viola varios tratados entre ambas naciones.
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"Estas bayas violan algunos tratados internacionales que han sido firmados entre ambas naciones, los cuales existen gracias a la relación diplomática que ha existido entre México y Estados Unidos desde hace décadas", se lee en el punto de acuerdo.
Asimismo, refirió que la colocación de las boyas pueda estar invadiendo el territorio mexicano, por lo que indicaron que es importante que las autoridades del país "realicen las acciones necesarias para determinar una probable invasión".
"Es imperante que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las acciones necesarias para determinar la violación de los tratados internacionales, así como solicitar el retiro de las boyas con púas y navajas en el río Bravo que ponen en riesgo la vida de los migrantes", señaló el diputado.
El miércoles, el gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos en la que acusa a Texas de violar tratados bilaterales de aguas y derechos humanos con las boyas y el cerco de alambres que el gobernador Greg Abbott ha colocado en el río Bravo.
"Hemos enviado ya dos notas diplomáticas muy claras, diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970 (que hablan sobre las aguas compartidas y el límite territorial)", informó la canciller, Alicia Bárcena.
Los legisladores también agradecieron la demanda civil que presentó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos para exigir la retirada de las boyas al considerar que Texas vulnera la ley de ríos y puertos de 1899 por instalarlas sin autorización del gobierno federal.