Una jueza rechazó amparar a Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso de la compra de la empresa Agronitrogenados.
La jueza primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, determinó continuar con la orden de aprehensión, desestimando la solicitud de amparo al considerar que la misma fue debidamente fundamentada y motivada.
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Ante esto, Gilda Susana Lozoya interpuso un recurso de revisión el cual fue aceptado el miércoles 16 de agosto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
La hermana del exdirector de Pemex acusó que la orden de aprehensión en su contra no se emitió por una autoridad judicial competente como lo señala el artículo 16 de la Constitución.
La jueza señaló que "la orden reclamada fue emitida por autoridad judicial competente, como lo es el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea".
"El segundo se cumple, atento a que la carpeta de investigación fue integrada contra la hoy quejosa, por la probable comisión del hecho señalado por la ley como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa", agregó la jueza.
La jueza argumentó que hay indicios de que la hermana de Emilio Lozoya cometió un hecho que la ley considera como delito, así como la probabilidad de que participó en su comisión.
A finales de julio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que el exdirector de Pemex ocasionó un daño a la nación de 760 millones de dólares por la compra con sobreprecio de la planta "chatarra" conocida como Agronitrogenados.
Presuntamente, su hermana estaría implicada por haber sido beneficiada por transferencias de millones de dólares, cuya procedencia fue imposible de determinar.
En el expediente 234/2023 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se asentó que la orden de aprehensión, girada el 4 de julio del 2019, fue “constitucional y procedente“.
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El año pasado, la acusada también promovió un amparo para frenar su detención, pero el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México lo desechó.
El exdirector de Pemex fue detenido a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero en noviembre de 2021 ingresó a prisión preventiva por riesgo de fuga tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.