Por Jorge Monroy
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron a su Sala Especializada analizar nuevamente un expediente por posibles actos anticipados de precampaña y campaña por parte de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Relaciones Exteriores.
Por unanimidad, los magistrados en sesión pública de la sala superior revocaron las sentencias relacionadas con las quejas presentadas por un ciudadano que alegó supuestas infracciones en materia electoral de cara a la próxima elección presidencial del 2024.
Conforme a lo ordenado por el TEPJF, la sala especializada tendrá 72 horas para determinar si ordena a la Unidad técnica de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de diligencias de investigación que sean indispensables.
En ese caso, dicha unidad contará con un plazo de 10 días naturales para realizar las investigaciones correspondientes. Una vez integrado el expediente, la sala especializada tendrá cinco días naturales para emitir una nueva sentencia.
Un ciudadano denunció a Marcelo Ebrard, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, por la realización de eventos diversos celebrados en Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México en los que asistentes le expresaron su respaldo para contender por la Presidencia en 2024.
El ciudadano argumentó que Ebrard había cometido actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y también violentado el principio de imparcialidad.
En su momento, la sala especializada determinó que no se habían cometido dichas infracciones en las quejas porque no se actualizaban la totalidad de elementos para su acreditación. Sin embargo, el denunciante no estuvo de acuerdo y acudió ante la sala superior del Tribunal.
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En sesión pública, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado José Luis Vargas Valdez, el TEPJF determinó revocar las resoluciones impugnadas para que la sala especializada realice un estudio completo y exhaustivo del caso y, posteriormente, emita una nueva resolución en la que, a partir de una valoración integral y contextual, determine si se cometieron o no las infracciones denunciadas.