Por Edmundo Velázquez, corresponsal
Puebla.- José Luis García Parra, coordinador de asesores del presidente del Senado, Alejandro Armenta, renunció a su cargo este jueves después del escándalo suscitado al difundirse que compró un auto que tiene un precio superior a tres millones de pesos cuando percibía un sueldo de 818 mil pesos anuales.
"Por motivos personales he decidido presentar mi renuncia al cargo de coordinador de asesores de la presidencia de la Mesa Directiva. Agradezco la oportunidad de haber servido en el máximo órgano de representación del Senado de la República", dijo en un mensaje publicado en Twitter, al que adjuntó su carta de renuncia.
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El documento tiene fecha del 3 de agosto y está firmado por José Luis García Parra, sobrino del exgobernador poblano Mario Marín Torres, el “Gober precioso,. hoy preso por ordenar la tortura a la periodista Lydia Cacho.
Latinus dio a conocer que García Parra adquirió un vehículo de alta gama en Puebla para lo que habría necesitado ahorrar su salario íntegro durante casi cuatro años.
Luego de la publicación, el expriista ocultó su cuenta de Instagram. Después abrió una en Twitter exclusivamente para publicar una disculpa por "haber comprado el auto a crédito" contraviniendo el discurso de austeridad de Morena y del propio senador Armenta, quien en abril propuso desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para ahorrar recursos.
El miércoles, el operador del senador Alejandro Armenta acudió a la agencia automotriz Audi de Angelópolis, donde se encuentran las tiendas de lujo en Puebla, a devolver el auto.
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Alejandro Armenta, su exjefe, aspira a ser candidato a la gubernatura de Puebla por Morena; el martes, al conocerse la compra del auto de lujo, se deslindó de su colaborador.
El anuncio de García Parra en el sentido de que devolvería el auto generó críticas en redes sociales. Un especialista en venta de autos de alta gama explicó a Latinus que es casi imposible regresar un vehículo así porque se trata de un modelo de colección que no se fabrica en serie y debe pagarse completamente antes de recibirlo.
En caso de que se hubiera adquirido a crédito, el comprador tendría que pagar una penalización de, al menos, 30 por ciento, equivalente a unos 900 mil pesos.