AP.- El juez encargado del primer juicio en México por espionaje con la tecnología Pegasus, que tiene como víctima a la prestigiosa periodista Carmen Aristegui y como único acusado a un operador técnico del malware, dictará una sentencia este viernes.

Aristegui sostiene que, independientemente de cuál sea el fallo, el proceso dejó en claro que le espiaron por su trabajo periodístico y que la orden de hacerlo la dio una autoridad, por lo que considera que la investigación debe continuar.

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"Hay una coincidencia esencial entre la fiscalía y la defensa del imputado: que a esta periodista (ella) se le espió desde el gobierno, desde el poder, de manera directa o de manera indirecta" a través del imputado, afirmó la comunicadora tras culminar la audiencia de cierre de alegatos la medianoche del jueves.

Y otro punto clave, agregó, es que se hizo en represalia por sus investigaciones. Este es "el primer juicio de un asunto bastante más grande", señaló la periodista.

Las comunicaciones privadas de Aristegui fueron interceptadas entre enero de 2015 y julio de 2016 cuando la periodista estaba publicando casos graves de corrupción vinculados al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-1018).

El juicio comenzó en diciembre y el único acusado es Juan Carlos García Rivera, empleado de una compañía privada que ofrecía el servicio de Pegasus.

Este programa espía, que se infiltra en los teléfonos celulares, es de la empresa israelí NSO Group, y supuestamente sólo se vende a gobiernos.

En 2021, una investigación de un consorcio de medios demostró que el malware se usó en muchos países del mundo para espiar a más de 50 mil defensores de derechos humanos, periodistas, opositores e inclusive a algún jefe de Estado.

Durante el juicio, un testigo protegido \u2014que sólo fue identificado como Zeus\u2014 explicó que las infecciones con Pegasus de diversas personalidades públicas fueron ordenadas por el entonces presidente Peña Nieto, su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong \u2014que negó las acusaciones\u2014, y el extitular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz.

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Según Zeus, estas interceptaciones se hacían a través de un entramado de diversas empresas intermediarias de KBH Aplied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México.

Aristegui explicó que la fiscalía intentó demostrar que había una relación entre el anterior gobierno mexicano y el empresario israelí que creó KBH y que se benefició de jugosos contratos oficiales.

Agregó que los abogados de García Rivera basaron su defensa en que el motivo para el espionaje lo tenía el gobierno y no un empresario, y en que el hecho de que hubiera otros 15 mil números infectados con Pegasus demostraba que era un espionaje masivo que sólo podía llevarse a cabo por una infraestructura de gobierno.

El actual gobierno mexicano localizó hace dos años una treintena de contratos vinculados a Pegasus suscritos por diferentes departamentos de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Peña Nieto (2012-2018) por valor de unos 61 millones de dólares.

Según el ejecutivo, la empresa israelí NSO utilizó compañías fachada para obtener contratos de diferentes instancias oficiales \u2014incluida la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal\u2014 por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. NSO siempre ha declarado operar dentro de los marcos legales establecidos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió poner fin al espionaje gubernamental, pero las organizaciones Artículo 19 y R3D y asesores jurídicos de Aristegui \u2014que han investigado durante años el espionaje con Pegasus\u2014\u202frecordaron que el programa ha seguido utilizándose contra defensores y periodistas en esta administración.

También denunciaron que hasta ahora no se ha aclarado "la adquisición y uso de un 'sistema de monitoreo remoto de información' por parte de la Sedena" a una empresa de la red del distribuidor de NSO en México.