El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que la disminución en la percepción de inseguridad en la Benito Juárez no se debe a sus alcaldes, quienes han contribuido a aumentar los delitos de cuello blanco, sino a la fiscalía capitalina.
"Los grupos que han gobernado la Benito Juárez, no se debe a ellos la reducción de la delincuencia, pero sí se debe a ellos que se desarrollara una rama de la delincuencia de cuello blanco", acusó en conferencia de prensa.
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Tras el informe que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en donde refiere que la alcaldía Benito Juárez tiene la percepción de inseguridad más baja, el jefe de Gobierno señaló que el resultado se debe a la Fiscalía de la Ciudad de México.
Las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron: Benito Juárez (15.2%), Puerto Vallarta (19.4%); Piedras Negras (20.5%); Mérida (22.2%), La Paz (22.4%) y Los Cabos (23.2%).
"Luego yo veo declaraciones en donde sale un alcalde o exalcalde a decir que todos estos resultados se deben a su esfuerzo y no la verdad, eso es hacer caravana con sombrero ajeno, porque una alcaldía no tiene facultades para investigar, no tiene facultades para vincular a proceso o a un ejercicio de la acción penal", mencionó.
Ayer, Santiago Taboada, precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la alianza opositora y alcalde con licencia de la Benito Juárez, presumió que el Inegi reconoció nuevamente a la alcaldía como el municipio más seguro del país y la capital.
“Quedó claro que la estrategia de seguridad que emprendí desde 2018 funcionó. ¡Sí es posible mejorar la seguridad pública!”, escribió en redes sociales.
Taboada reprochó que pese al discurso del gobierno federal y de la Ciudad de México respecto a una baja en delitos de alto impacto, “en 2023 se registraron en la capital 871 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un alza de 9.5% respecto al 2022."
En mayo de 2023, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México señaló a Santiago Taboada, de continuar con el modus operandi de exfuncionarios como Christian von Roehrich, para presuntamente cobrar con "empresas cercanas" por las obras de remodelación y reconstrucción de la sede delegacional, a lo que Morena denomino como el Cártel Inmobiliario.